La investigación judicial sobre el patrimonio y las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra en una etapa decisiva con el inicio de las declaraciones testimoniales de las mujeres señaladas como acreedoras de hipotecas sobre dos departamentos del funcionario.
Las testimoniales comenzarán este lunes en el marco de la causa que impulsa el fiscal federal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito. Para las 9 y las 11 fueron citadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes figuran como prestamistas de 100.000 dólares otorgados a Adorni. El préstamo fue garantizado mediante una hipoteca sobre su primer departamento ubicado en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Días atrás, el juez federal Ariel Lijo dispuso levantar el secreto fiscal sobre ambas.
El miércoles declararán otras dos testigos: Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, jubiladas que vendieron al funcionario un departamento en Caballito sin que se desprendiera del anterior. Según consta en la investigación, la operación se realizó mediante hipoteca entre privados: Adorni abonó 30.000 dólares y quedó adeudando 200.000 a pagar en noviembre próximo, sin intereses. También en este caso se levantó el secreto fiscal.
La fiscalía solicitó información fiscal, patrimonial y económica de las cuatro mujeres a la ARCA con el objetivo de determinar si contaban con capacidad económica para respaldar los préstamos, créditos o garantías hipotecarias vinculadas a las operaciones inmobiliarias investigadas. Entre los datos requeridos figuran declaraciones juradas impositivas, ingresos, bienes, activos y cualquier otra constancia que permita verificar la existencia y magnitud de los financiamientos.
Además, el fiscal requirió que las testigos se presenten a tribunales con sus teléfonos celulares disponibles para facilitar el acceso a mensajes, audios, correos electrónicos, imágenes y registros de llamadas relacionados con las operaciones bajo análisis.
Según la documentación, el préstamo de 100.000 dólares habría sido aportado en un 85% por Molina, comisaria retirada de la Policía Federal, y en un 15% por su hija, también integrante de la fuerza. La devolución se habría pactado a dos años, con una tasa de interés del 11% anual y pagos mensuales. El dinero se habría utilizado para comprar una casa en un club privado de Exaltación de la Cruz en noviembre de 2024.
En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó una deuda de 43.860.000 pesos con Molina y otra de 7.740.000 pesos con Cancio, ambas garantizadas con el departamento de Parque Chacabuco. La fiscalía busca ahora contrastar esos datos con la trazabilidad real de los fondos.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y está delegada en la fiscalía de Pollicita bajo la órbita del juez Lijo, quien también investiga al jefe de Gabinete por presuntas dádivas vinculadas a un viaje en avión privado a Punta del Este que habría sido financiado por el periodista Marcelo Grandío, cuya productora obtuvo contratos con la TV Pública.