El oficialismo ajustó la redacción del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para avanzar con su aprobación en el Senado. La iniciativa, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, atravesó un proceso de negociación interna y con sectores aliados que derivó en una serie de modificaciones, especialmente en lo referido al régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aceptó incorporar cambios reclamados por legisladores dialoguistas para facilitar el respaldo parlamentario. La decisión representó un acercamiento de posiciones con distintos bloques y permitió avanzar en una nueva versión del proyecto.
La intención del oficialismo es lograr la sanción de la iniciativa durante la sesión prevista para el jueves, luego de que el proyecto obtuviera dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Hasta el momento, la propuesta ya acumula 16 modificaciones en su redacción y, dentro del Senado, no descartan que durante el tratamiento en el recinto puedan incorporarse nuevos ajustes de carácter técnico.
Una sesión que retoma el debate
La sesión originalmente prevista para el 16 de julio pasó a un cuarto intermedio y se retomaría este jueves. Durante esa jornada, el oficialismo buscará avanzar con un paquete de reformas que incluye:
- Modificaciones a la Ley de Tierras.
- Cambios vinculados a los desalojos exprés.
- Reformas a la Ley de Manejo del Fuego.
Dentro de ese conjunto de iniciativas, la reforma al régimen de compra de tierras rurales por extranjeros se convirtió en el punto de mayor discusión tanto dentro del oficialismo como entre los bloques considerados dialoguistas.
La Ley de Tierras, el principal foco de negociación
El aspecto que concentró la mayor cantidad de negociaciones fue la modificación del régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros. Ese tema ocupó el centro de una reunión virtual que Patricia Bullrich mantuvo con el bloque oficialista, donde explicó los pedidos formulados por legisladores del PRO, de la Unión Cívica Radical y de distintas fuerzas provinciales.
La versión original impulsada por Federico Sturzenegger proponía eliminar los límites para la venta de tierras rurales a extranjeros, una postura que generó diferencias tanto con Bullrich como con varios aliados parlamentarios.
Como resultado de esas conversaciones, el texto fue modificado. La nueva redacción establece un límite del 25 por ciento por provincia para la venta de tierras rurales a extranjeros y dispone que esas operaciones deberán contar con la autorización tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del gobierno provincial correspondiente.
Actualmente, la Ley de Tierras fija un límite del 15 por ciento de las tierras rurales de cada jurisdicción para su venta a extranjeros y establece además que ninguna persona física o jurídica extranjera puede superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones.
Las modificaciones incorporadas al proyecto
Con el propósito de conseguir el respaldo de la oposición dialoguista, el oficialismo incorporó nuevas restricciones vinculadas a la adquisición de tierras rurales.
Entre los cambios se incluyeron:
- Prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos con participación estatal extranjera directa o indirecta, salvo autorización del Poder Ejecutivo Nacional y del gobierno provincial donde se ubique el inmueble.
- Prohibición para que personas humanas o jurídicas extranjeras superen el 25 por ciento del territorio rural de cada provincia.
- Obligación de inscribir cada adquisición en el registro inmobiliario provincial, consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente.
Otro de los planteos realizados por senadores de provincias fronterizas derivó en la incorporación de un sistema de doble autorización para las operaciones de compra de tierras rurales.
De acuerdo con el nuevo esquema, cada adquisición deberá contar con la aprobación:
- Del Poder Ejecutivo Nacional, en cuestiones vinculadas a seguridad nacional, objetivos estratégicos y defensa nacional.
- Del gobierno provincial correspondiente.
Además, los bloques dialoguistas solicitaron que la aplicación de la norma contemple lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Nacional y por la Ley General del Ambiente, en relación con la utilización de recursos naturales estratégicos.
Diferencias dentro del radicalismo
La discusión también expuso diferencias dentro de la Unión Cívica Radical. Según trascendió, los senadores Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama mantienen una posición distinta de la sostenida por otros siete integrantes del bloque que responden particularmente a sus respectivos gobernadores.
A su vez, el radicalismo recibe presiones desde sectores internos del partido.
El Comité Nacional, presidido por Leonel Chiarella, y la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), cuyo secretario general nacional es Luis Cerini, expresaron objeciones al proyecto.
Junto con Jorge Astone, de Buenos Aires; Darío Merlo, de Santa Fe; y otros dirigentes, sostuvieron que "la venta de territorio nacional pone en riesgo nuestra soberanía, nuestros recursos estratégicos, nuestra agua y principalmente, la apertura de fronteras a cualquier experimento sin control".
El acompañamiento parcial de Misiones
Dentro del escenario legislativo también aparecen posiciones intermedias. Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, integrantes de Encuentro Misionero, en el contexto de la disputa política provincial entre el gobernador Hugo Passalacqua y el referente Carlos Rovira, habrían decidido acompañar el proyecto en general.
No obstante, rechazarían específicamente el artículo tercero, referido a la venta de tierras rurales a extranjeros.
Neuquén marcó distancia
Otra señal política provino desde Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa anunció que enviará a la Legislatura provincial un proyecto destinado a garantizar que las tierras fiscales neuquinas solo puedan venderse a ciudadanos o personas jurídicas argentinas.
Además, adelantó que impulsará modificaciones a la Ley Provincial 263 para orientar la adjudicación de esos terrenos al desarrollo de proyectos productivos, ganaderos o turísticos.
Figueroa cuenta en el Senado con el respaldo del bloque Neuquinidad, integrado por la senadora Julieta Corroza, cuyo voto podría resultar decisivo en un escenario de equilibrio entre quienes apoyan y quienes rechazan la iniciativa.
El rechazo de la oposición y la movilización prevista
La bancada Justicialista, encabezada por José Mayans, mantiene su rechazo al proyecto y cuenta con el respaldo de los gobernadores Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán.
Con el objetivo de expresar esa postura, Mayans encabezó una conferencia en la sede del Partido Justicialista junto al exministro Julián Domínguez, los senadores Jorge Capitanich y Eduardo de Pedro, y el diputado Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados.
A esa posición también se sumó la senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, quien anticipó su voto negativo.
"Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros. Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción", afirmó.
En paralelo, para el jueves 6 de agosto está prevista una movilización de distintas fuerzas políticas y sociales en rechazo a la autorización para la venta de tierras rurales a extranjeros.
