El Senado de la Nación Argentina se encuentra en el centro de una nueva controversia, ya que el próximo 31 de marzo vence el congelamiento de las dietas de los legisladores, una medida implementada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Si no se renueva esta disposición, los sueldos de los senadores podrían superar los 9 millones de pesos, un incremento que generaría un fuerte impacto en la opinión pública.
Villarruel y una Estrategia para Evitar el Costo Político
Desde principios de enero, Villarruel prorrogó el congelamiento salarial como una forma de responder a la presión social y evitar que los aumentos sean percibidos negativamente. No obstante, en las últimas semanas, su entorno ha dejado entrever que la vicepresidenta buscará que sean los distintos bloques políticos los que queden expuestos ante la opinión pública y los medios de comunicación.
La discusión sobre los haberes de los senadores ocurre en la previa de una sesión clave en la que se debatirá la designación de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En este contexto, la estrategia de Villarruel parece orientada a evitar protagonismo en un tema que genera fuerte rechazo social.
El Debate Sobre los Sueldos en el Senado
Actualmente, los senadores perciben una dieta bruta que supera los 7 millones de pesos. Este monto proviene de diferentes ítems y beneficios asociados a su función legislativa. Si el congelamiento no se extiende, el salario podría superar los 9 millones, lo que avivó el debate sobre los ingresos de la clase política en un contexto de ajuste económico.
Villarruel ya ha manifestado en reiteradas ocasiones su postura sobre este tema. Según sus declaraciones, los legisladores deben recibir una retribución acorde a sus responsabilidades y, de hecho, ha expresado que incluso su propio salario no es suficiente para la carga de trabajo que implica su función.
El Impacto Político y la Reacción de la Sociedad
El aumento de las dietas en el Senado es un tema altamente sensible. En agosto de 2024, el congelamiento fue prorrogado mediante el decreto 27/24, una decisión que respondió al repudio generado tras conocerse el monto que los legisladores pasarían a cobrar. En aquel momento, la presión de la sociedad obligó a las autoridades a tomar medidas para frenar el incremento.
A pocos días de que venza la prórroga, el tema vuelve a generar tensión dentro del Senado y entre la ciudadanía. El posible aumento podría convertirse en un nuevo foco de conflicto para el gobierno de Javier Milei, que enfrenta un complejo escenario económico y social.