El Senado de la Nación se dispone a sesionar desde las 11 con una agenda legislativa que incluye temas de relevancia para el Gobierno nacional, entre ellos la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por un total de USD 171 millones. Sin embargo, el foco político de la jornada no estará exclusivamente puesto en esos proyectos.

Las horas previas al debate estuvieron marcadas por fuertes tensiones dentro de La Libertad Avanza, especialmente después de los episodios vinculados con el pliego judicial de María Verónica Michelli y las diferencias internas que afloraron en torno a la decisión de la Casa Rosada de retirar la candidatura.

El clima de incertidumbre quedó expuesto durante una extensa reunión de bloque celebrada por el oficialismo, donde surgieron respaldos hacia la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, pero pocas precisiones sobre quién asumirá la tarea de defender la posición del presidente Javier Milei en caso de que la cuestión sea planteada en el recinto.

El temor a una ofensiva parlamentaria

Dentro del oficialismo existe preocupación respecto de lo que pueda ocurrir durante la sesión si algún senador decide presentar una cuestión de privilegio vinculada al retiro del pliego de Michelli.

Una de las voces del espacio expresó esa inquietud al advertir sobre el escenario que podría abrirse si el tema es llevado al recinto y no existe una respuesta coordinada por parte de La Libertad Avanza. Según esa evaluación, el problema no radica únicamente en la controversia judicial, sino en las divisiones internas que quedaron expuestas durante la reunión de bloque.

La preocupación se profundiza por la percepción de que las opiniones dentro de la bancada aparecen divididas respecto de la actuación del Gobierno en este caso.

El conflicto por el pliego de Michelli

El origen de la controversia se encuentra en la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de María Verónica Michelli después de haber impulsado su candidatura.

La Casa Rosada había seleccionado a Michelli de una terna enviada por el Consejo de la Magistratura y posteriormente remitió su pliego al Senado para avanzar con el proceso de designación. La postulante había superado sin objeciones la audiencia pública realizada en la Comisión de Acuerdos y ya contaba con las firmas necesarias para obtener dictamen de mayoría.

En este contexto aparece la figura del senador riojano Juan Carlos Pagotto, titular de la Comisión de Acuerdos. Según se señala, fue él quien ingresó al despacho de la candidata cuando el expediente ya disponía de las firmas requeridas para avanzar.

El episodio alimentó cuestionamientos y tensiones dentro del oficialismo, especialmente por las distintas interpretaciones sobre el manejo político del caso.

Los senadores que respaldaron a Bullrich

La reunión de bloque también dejó en evidencia quiénes se ubicaron cerca de la postura sostenida por Patricia Bullrich. Entre los legisladores mencionados aparecen los fueguinos Agustín Coto y María Belén Monte de Oca. Coto ocupa una posición de relevancia institucional:

• Preside la Comisión de Asuntos Constitucionales.
• Integra la Comisión Bicameral de Inteligencia.
• Participa de la única comisión con presupuesto reservado.

Por su parte, Monte de Oca encabeza la comisión bicameral encargada de revisar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). También fue mencionado Gonzalo Guzmán Coraita, senador por Salta y presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

A ellos se sumó Luis Juez, identificado en el artículo como uno de los dirigentes que acompañaron la postura de Bullrich.

Los respaldos al Presidente

Dentro del mismo encuentro también quedaron identificados quienes sostuvieron una posición más cercana a la del presidente Milei. Entre ellos fueron mencionados:

• Nadia Márquez, de Neuquén.
• Ezequiel Atauche, de Jujuy y ex jefe de bloque.
• Joaquín Benegas Lynch, de Entre Ríos.
• Agustín Monteverde, representante de la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto de Monteverde, el texto señala que su posición resultó algo más moderada debido a que previamente era considerado cercano a Bullrich. La coexistencia de estas distintas posturas dentro del oficialismo alimenta la percepción de que la bancada enfrenta dificultades para exhibir una estrategia uniforme ante los cuestionamientos que puedan surgir durante la sesión.

El acuerdo con los holdouts

Mientras el debate político concentra la atención, el Senado también avanzará sobre un acuerdo financiero con dos acreedores externos. El convenio establece que Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas mediante sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense.

Según el texto del acuerdo:

• El Estado argentino pagará USD 67 millones a Bainbridge Ltd.
• El Estado argentino pagará USD 104 millones a Attestor Value Master Fund LP.
• El total comprometido asciende a USD 171 millones.

El mecanismo elegido responde al sistema internacional denominado "Entrega contra Pago" (DVP), mediante el cual los fondos se liberarán simultáneamente con la cancelación de los bonos involucrados.

Además, los acreedores asumirán los costos legales generados por el litigio. El convenio incorpora también una cláusula de "standstill", que impedirá a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que la operación quede completada.

Los cambios en la ley de propiedad privada

Otro de los temas que llegará al recinto será la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, aunque el proyecto sufrió modificaciones significativas durante su tratamiento. Según se señala, sectores de la oposición considerados cercanos al oficialismo introdujeron cambios que alteraron aspectos centrales de la propuesta impulsada por Patricia Bullrich.

Entre las modificaciones realizadas figuran:

• La eliminación del capítulo referido al RENABAP.
• Cambios respecto de los desalojos exprés.
• Modificaciones en materia de expropiaciones.
• Mayor poder para los gobernadores sobre tierras rurales.
• La eliminación de restricciones incorporadas por Máximo Kirchner en la Ley de Manejo del Fuego sancionada durante la gestión de Alberto Fernández.