La diputada radical Silvana Carrizo volvió a cuestionar al Poder Judicial y al oficialismo provincial por el creciente uso de acuerdos de conciliación penal en casos de delitos graves, una práctica que —según advirtió— favorece la impunidad y pone en riesgo la seguridad ciudadana.
En medio de una nueva ola de indignación por hechos delictivos en Catamarca, Carrizo recordó que hace meses presentó un proyecto de ley para limitar el uso de mecanismos judiciales como la conciliación o la reparación integral del daño, contemplados en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal.
Uno de los casos que reavivó el debate fue el del asalto en Parque América, cuyos implicados —algunos con "vínculos directos con una ministra del Poder Ejecutivo y un intendente", según denunció— fueron liberados sin juicio gracias a un acuerdo avalado por el Ministerio Público Fiscal. Uno de ellos, Diego Marcelo Arroyo, fue recientemente detenido nuevamente tras reincidir en otro delito.
"Esto deja en evidencia la ineficacia del Poder Judicial para perseguir el delito y proteger a los catamarqueños", aseguró la legisladora, quien también apuntó contra el traslado de la responsabilidad al Poder Legislativo. En ese marco, explicó que su proyecto propone "criterios claros y restrictivos" para impedir que delitos cometidos con armas, por bandas organizadas o de alto impacto social, puedan resolverse con mecanismos alternativos.
"El proyecto está en diputados y el oficialismo ni siquiera lo leyó, mucho menos lo trató. No sé si se trata de desidia, complicidad, impunidad o si están esperando un decreto del Poder Ejecutivo", cuestionó.
Carrizo subrayó que esta reforma no es solo técnica o jurídica, sino que implica una "decisión política" para frenar lo que definió como un avance de la impunidad institucionalizada. "No vamos a naturalizar la impunidad disfrazada de reparación", remarcó.
Asimismo, acusó al kirchnerismo provincial de haber promovido una "demolición institucional" en Catamarca, señalando la ampliación de la Corte de Justicia, la eliminación del Consejo de la Magistratura, escándalos de corrupción sin consecuencias y un Ministerio Público que "no controla".
"La percepción de impunidad crece cada día. Incluso hay funcionarios y empleados públicos involucrados en estafas inmobiliarias. Eso destruye la confianza ciudadana y el sentido mismo de justicia", advirtió.
Finalmente, la diputada reafirmó que el Poder Judicial debe recuperar su rol como freno al delito y garantía de derechos. "Vamos a dar este debate en la Legislatura con firmeza", concluyó.