La reciente derrota legislativa en el Senado dejó al Gobierno nacional golpeado y obligado a reconfigurar su estrategia parlamentaria. Con el foco puesto ahora en la Cámara de Diputados, la administración de Javier Milei enfrenta un escenario aún más complejo: los gobernadores, sin fisuras en su reclamo por fondos clave, consolidan una agenda propia que desafía el relato libertario.

El reclamo por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una nueva distribución del Impuesto a los Combustibles se convirtió en el núcleo del consenso provincial. En un contexto de recursos escasos y tensiones políticas crecientes, los mandatarios provinciales avanzan sin grietas en esas dos demandas, que consideran esenciales para el sostenimiento de sus economías locales.

A contramano del mensaje de austeridad que impulsa el Gobierno, los gobernadores perciben las recientes sanciones del Congreso —como la emergencia para personas con discapacidad y para Bahía Blanca— como reflejo de la falta de pericia política del Ejecutivo. Aunque su impacto fiscal es limitado, estas leyes se transformaron en símbolos de resistencia frente a la gestión nacional.

Desde Casa Rosada, sin embargo, insisten en blindar el veto presidencial a normas de mayor peso fiscal como el aumento de jubilaciones y la restauración de la moratoria previsional. Para eso, apuestan a tejer alianzas con gobernadores de Juntos por el Cambio, en especial entre radicales y referentes del PRO.

También asoman estrategias judiciales. En el entorno presidencial analizan llevar la discusión a Tribunales, alegando presuntas irregularidades reglamentarias en la convocatoria a la sesión del Senado. Los libertarios apuntan a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien permitió que la sesión avanzara al garantizar su presidencia cuando se alcanzó el quórum. Argumentan que, al no haber convocado formalmente la sesión, la maniobra opositora fue ilegítima.

Mientras tanto, los gobernadores mantienen un frente interno activo. En el chat que comparten los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño, la consigna es clara: "ir por todo". Fue la lógica que primó en el Senado y que buscan replicar en Diputados. No obstante, existen matices: algunos senadores ausentes en votaciones clave dieron señales de cautela frente a los vetos presidenciales, sobre todo en materia previsional.

El tiempo juega un rol decisivo. El Ejecutivo tiene 10 días para vetar las leyes ya sancionadas. Si no lo hace, entrarán en vigencia automáticamente. Según trascendió, Javier Milei firmaría los vetos sobre la hora, en una jugada que busca ganar tiempo y contener el costo político.

La estrategia oficial oscila entre dos posturas. Por un lado, el jefe de Gabinete Guillermo Francos intenta recomponer canales de diálogo con los gobernadores. Por otro, el ministro de Economía, Luis Caputo, refuerza el discurso de confrontación. En redes sociales, celebró el resultado del Congreso con un mensaje tajante: "El equilibrio fiscal NO SE NEGOCIA".

En paralelo, Francos enfrenta dificultades para reunir respaldos, incluso entre los mandatarios más cercanos. La semana pasada intentó coordinar un encuentro relámpago en Tucumán con gobernadores dialoguistas, pero el operativo fracasó: los mandatarios se excusaron con compromisos previos y evitaron el contacto con Milei.

Hoy, los gobernadores se alinean en tres bloques bien definidos. Los más próximos a la Casa Rosada, como Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Hugo Passalacqua (Misiones); los dialoguistas, encabezados por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Sáenz (Salta); y los opositores duros, con Axel Kicillof (Buenos Aires) y Sergio Ziliotto (La Pampa) a la cabeza.

Aun con diferencias de tono, todos coinciden en reclamar lo que consideran recursos legítimos de las provincias. Ni siquiera los más cercanos garantizan hoy apoyo cerrado al Gobierno.

Llaryora, por ejemplo, evita confrontar directamente con el Presidente, pero sus legisladores —como Alejandra Vigo en el Senado— votaron contra los intereses del oficialismo y planean hacer lo mismo en Diputados. El respaldo a los proyectos sobre ATN y el Impuesto a los Combustibles es transversal. El poder territorial, por ahora, muestra más cohesión que la gestión libertaria.