El caso que sacude al oficialismo no se detiene. Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desplazado tras la difusión de audios comprometedores, rechazó la ayuda legal que le ofreció la Casa Rosada. Según pudo reconstruir Clarín, Santiago Viola —apoderado de La Libertad Avanza (LLA) y hombre de máxima confianza de Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem— fue enviado el último fin de semana para intentar persuadirlo de mantener puentes con el Gobierno. Su misión: convencerlo de aceptar un abogado designado por el oficialismo.
Spagnuolo, sin embargo, se negó. Tras la filtración de grabaciones en las que se lo escucha hablar de una presunta trama de coimas en la compra de medicamentos a droguerías y laboratorios, con menciones directas a la secretaria General de la Presidencia y a su operador político más cercano, cortó todo contacto con la Casa Rosada.
El temor oficial a un "arrepentido"
En los despachos libertarios la preocupación es creciente: si Spagnuolo decidiera declarar como "imputado colaborador", debería aportar pruebas fehacientes de sus dichos, lo que podría complicar a funcionarios de primer nivel. "Tengo todos los chats de Karina", se lo escucha decir en uno de los audios cuya autenticidad y origen aún se desconocen.
La Justicia ya secuestró dos celulares del ex funcionario en un allanamiento en Pilar. Están siendo peritados por orden del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Piccardi. Se investiga si contienen más grabaciones o chats comprometedores.
Más audios y nuevas internas
En paralelo, nuevas filtraciones publicadas por Página/12 revelaron que Spagnuolo también criticaba la injerencia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en la ANDIS. Allí se queja de funcionarios enviados a "controlarlo" y denuncia que resoluciones propias fueron presentadas públicamente como logros del ministro.
Los audios no solo apuntan a presuntos hechos de corrupción, sino también a tensiones internas entre la Casa Rosada y la vicepresidenta Victoria Villarruel, además de cuestionar la política de "motosierra" exhibida como bandera oficial.
La reacción en la Justicia y en el Gobierno
Mientras tanto, el juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán investigan también a "Lule" Menem en una causa paralela vinculada a la intervención de la obra social OSPRERA, donde habrían aparecido mensajes que lo comprometen.
En el expediente principal, la investigación se sostiene con allanamientos, documentación secuestrada y el análisis de dispositivos electrónicos. Aunque en público funcionarios libertarios relativizan el caso, puertas adentro reina la alarma: el Presidente y su hermana permanecen en silencio, mientras que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único en desligarlos de cualquier participación.
Las conexiones empresariales
La trama alcanza además a la droguería Suizo Argentina, mencionada por Spagnuolo. Sus directivos, los hermanos Emanuel y Jonathan Kovalivker, intentaron eludir a la Justicia: uno fue detenido con 250 mil dólares en su auto, mientras que el otro huyó dejando cajas de seguridad abiertas en su mansión de Nordelta.
El decreto 599/2025, que formalizó las desvinculaciones de Spagnuolo y del director nacional de Acceso a la Salud, Daniel Garbellini —señalado como organizador de los contratos irregulares—, alude a la obligación de prevenir "conductas contrarias a la integridad pública". Pero las explicaciones oficiales, hasta ahora, resultaron insuficientes.
Con más audios y videos en poder de la Justicia, el caso promete seguir escalando y golpeando de lleno al corazón del oficialismo.
