El Tribunal Oral Federal 5, integrado por Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, condenó este lunes a José López, Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender en el marco de la causa conocida como Sueños Compartidos, que investigó el desvío de fondos destinados a un programa de construcción de viviendas sociales.

En la misma sentencia, el tribunal resolvió absolver al exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

El pronunciamiento judicial se produjo en un contexto atravesado por la discusión sobre la prescripción de la acción penal. La sentencia estaba prevista inicialmente para el viernes, pero finalmente fue conocida este lunes, apenas 24 horas antes de la fecha que el Ministerio Público Fiscal considera límite para que prescriba la acción penal respecto de la mayoría de los acusados.

Según el cómputo realizado por la Fiscalía, este martes 15 de septiembre se cumplen seis años desde el último acto procesal que esa parte considera válido. Las defensas, en cambio, sostienen que la acción penal ya se encuentra extinguida.

La prescripción acompañó el desarrollo del juicio prácticamente desde su comienzo. La causa se inició en 2011 y recién llegó a debate oral en marzo de 2026, 15 años después de su inicio, cuando la acción penal se encontraba próxima a extinguirse por el transcurso del tiempo.

El plazo de prescripción establecido para el delito que se juzga es de seis años, período que se cumple este martes.

Las últimas palabras antes del veredicto

La audiencia de este lunes comenzó con las últimas palabras de los acusados, una instancia que se inició pasadas las 9.20 y concluyó antes de las 10. El tribunal tenía previsto dar a conocer el veredicto durante la tarde.

Entre los nueve acusados se encontraban los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes eran apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obra Pública José López; y el exsubsecretario de ese organismo Abel Fatala.

También fueron imputados los exfuncionarios:

• Daniel Alfredo Nasif.
• Silvia Karina Nasif.
• Claudio Freidin.
• Carlos Castellano.

Por su parte, Hebe de Bonafini había sido procesada en la causa, pero murió en 2022. Durante la audiencia, Daniel Alfredo Nasif agradeció al tribunal y destacó que a lo largo de todos estos años siempre estuvo "a derecho" y a disposición de la Justicia. Sostuvo además que nunca tuvo intención de perjudicar al Estado ni participó de delito alguno.

"Confío en que el tribunal valore mi situación y ponga fin al proceso", expresó.

Silvia Karina Nasif también negó haber participado de algún delito y afirmó que actuó de buena fe. "Esto es muy angustiante", manifestó. Freidin decidió no hacer uso de la palabra y se limitó a agradecer el acompañamiento de sus abogados defensores. Castellano tampoco hizo uso de sus últimas palabras.

La posición de Sergio Schoklender

El único acusado que había hablado el viernes había sido Sergio Schoklender. En aquella oportunidad agradeció a sus abogados y defendió el alcance del programa de viviendas. Durante su exposición también hizo una referencia a la expresidenta Cristina Kirchner, al señalar: "No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver".

En aquella jornada, Julio De Vido, José López, Pablo Schoklender y Abel Fatala no habían hecho uso de la palabra.

La instancia de las últimas palabras precedió así a un veredicto que puso fin al debate oral desarrollado durante seis meses, aunque el proceso judicial estuvo atravesado por una causa iniciada muchos años antes.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

Antes de la sentencia, el fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) habían solicitado que los nueve acusados fueran condenados por el delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública. Las penas requeridas por los acusadores fueron diferenciadas según los imputados.

Para Sergio Schoklender, Pablo Schoklender, Julio De Vido, José López y Abel Fatala, la Fiscalía y la UIF solicitaron:

• Seis años de prisión.

Para Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin, solicitaron:

• Cuatro años de prisión.

En el caso de los exfuncionarios, además, los acusadores reclamaron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Fiscalía también pidió el decomiso de bienes por $206 millones, cifra que, de acuerdo con la investigación, representa el monto de los fondos que habrían sido desviados del programa. Además, solicitó que esa suma sea actualizada por inflación cuando la sentencia quede firme y que el dinero sea destinado a programas de viviendas sociales.

El origen de la investigación

La causa Sueños Compartidos puso bajo análisis la ruta de los fondos que el gobierno de Cristina Kirchner envió entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

Durante ese período se giraron cerca de $900 millones destinados al programa Sueños Compartidos. La investigación se concentró en el destino que tuvieron esos recursos y en la presunta existencia de un desvío de parte del dinero.

Según la investigación, parte de esos fondos habría terminado en empresas vinculadas a los hermanos Schoklender, quienes eran los apoderados del programa. El recorrido del dinero constituyó, de este modo, uno de los ejes centrales de una causa que comenzó en 2011 y que, 15 años después, llegó finalmente a la instancia de debate oral.