Un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada no logró ingresar este lunes al edificio gubernamental, en una decisión que abrió una fuerte controversia y que quedó atada a la investigación difundida días atrás sobre una presunta red de información financiada por espionaje ruso para socavar al Gobierno.
La situación se produjo cuando algunos cronistas se presentaron en el ingreso habitual de Casa de Gobierno y, al intentar validar su acceso, fueron informados de que no estaban habilitados para entrar.
De acuerdo con las versiones que circularon, el argumento oficial fue que los medios para los que trabajan esos periodistas estarían involucrados en la maniobra denunciada, lo que motivó una suspensión inmediata del ingreso. La medida alcanzó a cronistas de medios señalados en la investigación internacional y se aplicó en la sede del Poder Ejecutivo, mientras también se conocieron réplicas de la decisión en otros ámbitos institucionales.
Una decisión "preventiva"
Desde voces oficiales libertarias se remarcó que la restricción fue tomada como una medida "preventiva", en espera de esclarecer la situación de cada uno de los medios mencionados.
En ese marco, dentro de la administración de Javier Milei ya planifican "citar uno por uno a los responsables y directivos de cada uno de esos medios", con el objetivo de evaluar el alcance de la denuncia y las responsabilidades que pudieran surgir.
La advertencia oficial fue todavía más allá al señalar que, "en caso de comprobarse", el Gobierno avanzaría con una denuncia que "puede ser por traición a la patria o injerencia de una nación extranjera". Ese posicionamiento le otorgó a la decisión un fuerte contenido político e institucional, al vincular el acceso periodístico a una investigación sobre supuestas operaciones extranjeras.
El informe que motivó la medida
Para adoptar la determinación sobre los cronistas acreditados, el Gobierno tomó como base un artículo publicado la semana pasada por la organización openDemocracy, que integró el consorcio internacional que analizó la filtración.
Según ese documento, un grupo de tareas ruso identificado como "La Compañía" habría desembolsado US$ 283.000 para financiar más de 250 notas en 23 medios digitales argentinos, con la finalidad de desgastar la gestión de La Libertad Avanza.
La investigación se transformó así en el fundamento directo para la restricción aplicada en Casa Rosada.
El relato de uno de los periodistas afectados
Uno de los profesionales que no pudo ingresar relató ante Agencia Noticias Argentinas que se enteró de la situación recién al llegar al edificio. Según su testimonio, en medio de la lluvia mostró sus datos habituales para validar la acreditación, pero recibió como respuesta que, por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le habían revocado la huella de ingreso.
El periodista resumió la situación con una frase que refleja la incertidumbre del momento: "No nos dieron más explicaciones". Ese detalle agregó un componente operativo concreto al episodio, ya que la restricción no se limitó a una orden verbal, sino que implicó la inhabilitación del sistema biométrico de acceso utilizado por los acreditados.
Un nuevo frente de conflicto
La suspensión del ingreso abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y sectores periodísticos, en un contexto ya atravesado por la denuncia sobre la presunta campaña rusa.
Mientras la Casa Rosada insiste en el carácter preventivo de la decisión y en la posibilidad de avanzar con denuncias formales, del lado de los cronistas afectados persiste el cuestionamiento por la falta de explicaciones detalladas al momento de impedir el ingreso.
Con la intención oficial de convocar a directivos de medios y la investigación internacional como respaldo de la medida, el episodio dejó planteado un escenario de alta sensibilidad institucional, en el que la denuncia por injerencia extranjera se cruzó de lleno con el funcionamiento cotidiano de la cobertura periodística en Casa Rosada.