Mientras persisten las demandas por un aumento salarial y se prevé una medida de fuerza para el próximo martes 22 de octubre, trabajadores del Hospital Garrahan presentaron su situación laboral en el Senado de la Nación. En esa misma jornada, se obtuvo dictamen de la ley Nicolás, la cual podría ser sancionada en la próxima sesión.
En su reciente asamblea salarial, tras un paro de 48 horas realizado en la primera semana de octubre, los trabajadores del Garrahan mencionaron que, en los últimos dos meses, los incrementos salariales han sido del 1% y 2% mensual. En este contexto, solicitan un aumento en el salario inicial (indican que los sueldos comienzan en $500.000 para el personal de mantenimiento y $900.000 para un médico con 15 años de especialización), así como un ajuste en el pago por guardias de 24 horas (detallan que reciben $6.000 por hora, la mitad de lo que se paga en clínicas privadas) y demandan estar exentos del impuesto a las Ganancias.
Por otro lado, desde la nueva gestión del Ministerio de Salud aseguran que, en los últimos 10 años, los cargos jerárquicos del centro de salud se han incrementado en un 59%, alcanzando a unas 556 personas con sueldos que suman aproximadamente $2.000 millones mensuales (casi $3,6 millones por jefe médico).
El encuentro de los trabajadores se llevó a cabo en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado. Allí, los representantes del sector sanitario afirmaron que no se han suspendido tareas de mantenimiento ni obras necesarias, aunque el deterioro salarial ha aumentado debido a la inflación, lo que afecta la cobertura de turnos y licencias.
Entre los representantes del Hospital Garrahan estuvo María Althabe, coordinadora de una de las cinco unidades de Cuidados Intensivos. "Nuestros reclamos salariales, que han estado en curso durante varios meses, no han recibido respuesta", comentó la médica, quien advirtió sobre el riesgo que corre "el modelo de atención del hospital": "El modelo del Hospital Garrahan es de alta complejidad para niños y adolescentes de todo el país. Contamos con un personal altamente calificado y comprometido. Ha sido crucial para el éxito de este proyecto tener un presupuesto que contemple esta situación".
Luis Gamba, coordinador de la Unidad Asistencial de Clínica Periquirúrgica, subrayó que su espacio de trabajo es el único en el país con esas características y expresó su "profunda preocupación" por la "caída sostenida de salarios" que ha "profundizado la crisis de recursos humanos, provocando la renuncia de profesionales". "Las remuneraciones no reflejan la capacitación y habilidad del personal altamente especializado, que trabaja en un entorno de gran complejidad", añadió. "Sin este modelo hospitalario, no existe otro establecimiento que pueda atender estas necesidades".
Darío Barsotti, coordinador del Centro de Atención Integral del Paciente Hematológico y Oncológico, también expuso su perspectiva. "Los mejores residentes, aquellos que realmente se destacan, son quienes logran ingresar", explicó y aseguró que "la única manera de aprender es en un hospital de vanguardia, con tiempo suficiente para la formación". "Al hablar de financiamiento del hospital, se tiende a pensar solo en equipamiento e insumos, pero todo ello depende de personas que sepan hacer funcionar esos recursos y que estén presentes de manera constante. Al hablar de financiamiento, debemos considerar cuán importante es el capital humano que mantiene todo en funcionamiento", concluyó.
En cuanto a la Ley Nicolás, se alcanzó dictamen durante la misma sesión. Esta ley busca garantizar la calidad y seguridad de la atención sanitaria. Lucía Corpacci, presidenta de la Comisión de Salud, explicó que la ley no tiene un enfoque "punitivo" hacia el personal de salud y se propone proteger a pacientes y trabajadores mediante recursos de formación y protocolos.
Entre las reformas que incluye, la Ley Nicolás establece que las matrículas médicas pasen a depender del Ministerio de Salud en lugar de las colegiaturas médicas, la creación de una estadística anual sobre mala praxis, el reporte de errores en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, la digitalización de historias clínicas a nivel nacional y la obligatoriedad de capacitaciones y verificaciones periódicas de la aptitud profesional de los equipos de salud.
Antes del recambio legislativo, el 8 de diciembre de 2023, la iniciativa fue tratada de forma urgente y recibió un apoyo unánime: 149 votos a favor y una abstención de Ricardo López Murphy. Si el proyecto no es debatido en sesiones antes de fin de año, perderá su estado parlamentario y deberá reiniciar su proceso de tratamiento en comisiones.