El Gobierno de Catamarca, a través de la Secretaría de Trabajo, avanzó en una nueva estrategia de fiscalización destinada a fortalecer el cumplimiento de la legislación laboral y combatir el empleo no registrado. La iniciativa fue abordada durante un encuentro encabezado por el gobernador Raúl Jalil, en el que participaron integrantes del gabinete provincial y autoridades municipales.

Durante la reunión se acordó desarrollar un trabajo articulado entre la Provincia y los municipios con el objetivo de sostener e intensificar los controles sobre las distintas actividades económicas, procurando garantizar el estricto cumplimiento de las normas laborales por parte de los empleadores.

La estrategia contempla la coordinación entre los diferentes organismos involucrados para profundizar las tareas de inspección y avanzar con las medidas previstas por la normativa vigente cuando se detecten irregularidades.

Un operativo específico en la construcción

En el encuentro, el secretario de Trabajo, Diego Romero, presentó un informe sobre las acciones de control desarrolladas durante los últimos días y expuso los resultados de un operativo específico realizado en el sector de la construcción.

Según explicó el funcionario, durante la última semana se llevaron adelante inspecciones orientadas exclusivamente a esa actividad, donde se verificó un nivel significativo de incumplimiento de la normativa laboral. Romero informó que más del 50% de los trabajadores inspeccionados se encontraba sin registrar, una situación que motivará la continuidad de las actuaciones administrativas correspondientes.

El relevamiento permitió detectar un porcentaje superior al cincuenta por ciento de trabajadores no registrados, dato que fue presentado ante el equipo de gobierno como parte del balance de las tareas de fiscalización realizadas.

Avanzarán las sanciones previstas por la normativa

Tras dar a conocer los resultados del operativo, el secretario de Trabajo señaló que las áreas competentes del Ministerio de Educación y Trabajo avanzarán con las medidas establecidas por la legislación vigente.

En ese sentido, indicó que se aplicarán las sanciones pertinentes en aquellos casos en los que se hayan comprobado incumplimientos, sin perjuicio de otras actuaciones que puedan surgir como consecuencia de las investigaciones.

El funcionario precisó que esas medidas se adoptarán en virtud de la normativa vigente, al tiempo que aclaró que ello no excluye la posibilidad de que se desarrollen actuaciones administrativas o judiciales derivadas del análisis particular de cada expediente.

De esta manera, las inspecciones realizadas no solo darán lugar a la aplicación de multas cuando corresponda, sino también a la continuidad de los procedimientos previstos para cada situación detectada durante los controles.

Multas que pueden superar los siete millones de pesos

Uno de los aspectos destacados durante la exposición de Romero fue el referido al régimen sancionatorio aplicable en los casos de empleo no registrado.

El secretario explicó que el valor de las multas puede variar entre $186.200 y $7.448.000 por cada trabajador no registrado, dependiendo de lo establecido por la normativa vigente.

El alcance económico de las sanciones constituye uno de los instrumentos previstos para exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los empleadores y forma parte del esquema de control que la Secretaría de Trabajo continuará desarrollando junto con los municipios.

Trabajo conjunto entre Provincia y municipios

La reunión permitió además consolidar una estrategia de cooperación entre el Gobierno provincial y distintos gobiernos municipales para sostener las tareas de fiscalización.

Del encuentro participaron el gobernador Raúl Jalil; la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz; y los intendentes Raúl Barot, de Los Altos; Eduardo Menecier, de La Merced; y Marcelo Villagrán, de Hualfín.

La presencia de autoridades provinciales y municipales reflejó la decisión de coordinar acciones para fortalecer los controles laborales y sostener una política de fiscalización conjunta en todo el territorio provincial.

Estrategia para garantizar el cumplimiento de las normas

La iniciativa presentada durante la reunión tiene como eje la articulación entre los distintos niveles del Estado para mantener operativos de inspección que permitan verificar el cumplimiento de la legislación laboral.

El objetivo planteado por las autoridades consiste en garantizar que los empleadores respeten las normas vigentes y que las irregularidades detectadas durante las inspecciones deriven en las actuaciones y sanciones previstas por el marco legal correspondiente.

En ese contexto, el operativo realizado en el sector de la construcción fue presentado como uno de los primeros resultados de la estrategia de control que la Secretaría de Trabajo busca profundizar junto a los municipios.