Luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, el Ministerio Público Fiscal se prepara para exigir la restitución de los fondos defraudados al Estado. El fiscal Diego Luciani solicitará que los condenados —entre ellos la expresidenta y el empresario Lázaro Báez— devuelvan una suma estimada en 85.000 millones de pesos, bajo amenaza de avanzar con la ejecución de sus bienes si no lo hacen en un plazo de diez días hábiles.
Entre los activos que podrían ser subastados hay 27 propiedades, cinco cocheras en el exclusivo edificio Madero Center, y dos empresas vinculadas al grupo familiar: Hotesur y Los Sauces, sociedades que incluyen hoteles y desarrollos inmobiliarios.
Además, la Justicia tiene bajo secuestro 4,6 millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner, retenidos en el marco de la causa Hotesur, y otro millón de dólares hallado en una cuenta bancaria a su nombre. En caso de que Cristina Kirchner no reintegre los fondos reclamados, podrían ejecutarse también los bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia.
En paralelo, Lázaro Báez enfrenta la posible ejecución de al menos 60 inmuebles, la mayoría ubicados en la Patagonia, adquiridos con fondos provenientes de contratos viales irregulares.
La acusación central sostiene que la mitad de las obras públicas adjudicadas a Báez entre 2003 y 2015 fueron abandonadas, con avances físicos promedio de entre el 16% y el 36%, aunque el empresario cobró el total de los montos contratados.
La demanda de resarcimiento económico por parte del Estado había quedado congelada durante la gestión de Alberto Fernández, pero ahora vuelve al centro de la escena judicial con el fallo de la Corte como respaldo.
En paralelo, esta semana se conoció otro caso que generó polémica: José Ottavis, exdirigente de La Cámpora, figura como creador de una asociación civil en Corrientes llamada "Amarte Argentina", que habría recibido 11.000 millones de pesos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para obras que no se habrían completado. El monto reclamado en la causa Vialidad es ocho veces mayor.