Tras el duro golpe que significó el revés legislativo en el Senado, la Casa Rosada busca contener la tensión política y evitar más fisuras en el vínculo con las provincias. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que "no está todo roto" con los gobernadores y que el diálogo sigue abierto, incluso con acuerdos electorales en curso.
"Las posibilidades de conversación están siempre abiertas", destacó Francos en declaraciones radiales, aunque marcó diferencias entre los mandatarios: "Hay gobernadores que se dedican a gastar y otros que son más serios en la administración de los recursos públicos".
Desde el Gobierno apuntan a recomponer puentes con los mandatarios "dialoguistas" para asegurar el número en el Congreso y blindar los vetos que el presidente Javier Milei anticipó contra leyes aprobadas por ambas cámaras.
Las leyes que desataron el conflicto
El Congreso aprobó esta semana varias iniciativas que incomodan a la administración de Milei. Entre ellas, la suba de las jubilaciones, la emergencia en discapacidad, la reactivación de la moratoria previsional y dos proyectos promovidos por los gobernadores: el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la modificación en el impuesto a los combustibles líquidos.
Francos cuestionó duramente las leyes sancionadas: "Las provincias siempre demandan más fondos y en año electoral quieren más recursos para encarar los comicios. Pero estas leyes no indican cómo se financian".
Y advirtió que, si el Congreso rechaza el veto presidencial, no descartan acciones judiciales para proteger el equilibrio fiscal. "El Presidente apunta a que estas leyes no tienen indicado cómo se financian, esto no es legal", insistió el funcionario.
Milei y la amenaza judicial que los constitucionalistas descartan
El presidente Javier Milei calificó las leyes aprobadas como un "acto de desesperación" de la oposición y reiteró su intención de acudir a la Justicia si su veto es rechazado. "Saben que en octubre la libertad arrasa", lanzó el mandatario.
Sin embargo, constitucionalistas descartaron de plano esa posibilidad. En diálogo con TN, el abogado Andrés Gil Domínguez afirmó: "La insinuación de Milei como titular del Poder Ejecutivo de llevar a la justicia una ley sancionada por el Congreso no tiene ninguna clase de fundamento constitucional y desconoce el funcionamiento del sistema republicano".
Además, explicó que sería absurdo un proceso donde el Estado Nacional se demande a sí mismo, ya que tanto quien demanda como quien contesta la demanda sería la Procuración del Tesoro de la Nación.
En la misma línea, el abogado Diego Armesto sostuvo: "Es imposible judicializar. No podés impugnar un proceso constitucional. Es más, si el Presidente dice que va a vetar, está reconociendo el acto constitucional del proceso de formación y sanción de la ley. No podés ir contra una facultad constitucional".
El desafío de sostener la gobernabilidad
Mientras el oficialismo intenta recalibrar su estrategia, el trasfondo es la fragilidad parlamentaria de La Libertad Avanza, que obliga al Gobierno a negociar cada voto para sostener los vetos y evitar costos políticos y económicos.
Francos anticipó que buscarán convencer a un tercio de los legisladores para evitar que se ratifiquen las leyes aprobadas: "Trataremos de explicar por qué no son viables estas tres leyes".
En la Casa Rosada reconocen que el escenario es delicado y condicionado por la agenda electoral. "Lo único que nos importa es llegar a octubre sin temblores", admiten en los pasillos oficiales.