Un fiscal pidió la detención de Tapia y Toviggino por presunta asociación ilícita
La justicia federal investiga una presunta red de desvío de fondos dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. El expediente incluye pedidos de detención, allanamientos y la inhibición de bienes de dirigentes y su entorno.

Un verdadero terremoto institucional impactó en la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras el pedido del fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien solicitó la detención e indagatoria del presidente Claudio "Chiqui" Tapia y del tesorero Pablo Toviggino.

La medida no se limita a los principales dirigentes. El requerimiento judicial alcanza también a todo el entorno familiar y empresarial de Toviggino, en el marco de una causa por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.

El expediente, que inicialmente quedó bajo la órbita del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, fue derivado al juez de turno de Tucumán debido a las vacaciones del magistrado, según confirmaron fuentes oficiales.

Las medidas solicitadas

El dictamen del fiscal Simón incluye un paquete de medidas de alto impacto:

  • Detención e indagatoria de los principales imputados
  • Allanamientos en propiedades vinculadas a la causa
  • Peritajes financieros y patrimoniales
  • Inhibición general de bienes

Estas acciones abarcan decenas de empresas, inmuebles y vehículos, en un intento por preservar evidencia y evitar la posible fuga o entorpecimiento de la investigación. Según el fiscal, Tapia y Toviggino integrarían "una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos", lo que, a su entender, incrementa el riesgo procesal.

El origen de la investigación y las pruebas presentadas

La acusación se apoya en informes elaborados por distintos organismos estatales como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); Inspección General de Justicia y Registros de Migraciones.

De acuerdo con estos reportes, existiría un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que no se correspondería con los ingresos declarados por los imputados. La investigación apunta a una estructura compleja de sociedades y empresas vinculadas principalmente a Pablo Toviggino, oriundo de Santiago del Estero, y a su círculo cercano.

Bienes, empresas y maniobras bajo sospecha

Entre los activos investigados figuran las estancias y propiedades rurales; casas y lotes urbanos; vehículos de alta gama; participaciones societarias e inversiones financieras, incluyendo plazos fijos, acciones y las operaciones con dólar MEP. La hipótesis del fiscal sostiene que estos bienes habrían sido adquiridos mediante fondos transferidos desde la AFA, a través de presuntas maniobras de blanqueo.

La red de imputados y las sociedades investigadas

Además de Tapia y Toviggino, la causa involucra a una extensa lista de personas:

  • Orlando Martín López
  • Mauro Javier Paz
  • Rosalía Argañaraz
  • Alejandro Sebastián Taborda Magallanes
  • Darío Fabián Toviggino
  • María Julia del Castillo Orellana
  • Manuel Hernán Del Castillo Orellana
  • Julia Argentina Orellana
  • Máximo Agustín Toviggino
  • María Valentina Toviggino
  • Rosa Elizabeth Cianferoni
  • Olga Beatriz Delgado

En paralelo, el dictamen menciona diversas sociedades comerciales presuntamente utilizadas en la operatoria:

  • Real Central SRL, atribuida a Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro y propietaria de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares
  • Malte
  • DCT
  • Bori
  • HT
  • SOMA
  • Norte Argentino

También aparece la firma TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni, por facturaciones a empresas relacionadas con el tesorero de la AFA.

Conexiones judiciales y conflicto de competencia

Un dato relevante es que varias de estas empresas ya se encuentran bajo análisis en otra causa que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. En Santiago del Estero, en tanto, la investigación se focalizó en los bienes radicados en la provincia, las transferencias de fondos presuntamente administradas por Tapia y los vínculos empresariales con Toviggino.

Este entramado derivó en un nuevo conflicto de competencia judicial entre los tribunales federales de Santiago del Estero, Zárate-Campana y la Ciudad de Buenos Aires. La definición sobre qué jurisdicción continuará con la causa quedará en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.