El Gobierno nacional analiza incorporar modificaciones a las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que el Poder Ejecutivo prevé remitir al Congreso antes del 15 de septiembre.

En la Casa Rosada sostienen que esa posibilidad forma parte de las alternativas que permanecen sobre la mesa con el objetivo de reducir el impacto fiscal que generan ambas normas, luego de que el oficialismo intentara introducir cambios durante el tratamiento del Presupuesto 2026 sin lograr sostenerlos en la votación en particular. No obstante, la decisión todavía no fue adoptada de manera definitiva. En despachos oficiales reconocen que la posibilidad "persiste", aunque remarcan que su concreción dependerá de la capacidad de la mesa política para alcanzar previamente consensos con gobernadores y bloques legislativos aliados.

Desde el Ejecutivo recuerdan que una estrategia similar ya fue impulsada en diciembre de 2025, aunque finalmente no prosperó durante el debate parlamentario.

El antecedente del Presupuesto 2026

Dentro del diagnóstico realizado por el propio oficialismo, aquella derrota legislativa respondió a una combinación de factores. En el Gobierno consideran que influyeron la impericia, un exceso de confianza luego de la victoria electoral y la falta de un trabajo político previo con los mandatarios provinciales.

Durante el tratamiento del Presupuesto 2026, la Casa Rosada había incorporado un capítulo destinado a derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, ambas vetadas previamente por Javier Milei y luego ratificadas por el Congreso.

Si bien la Cámara de Diputados aprobó el proyecto presupuestario en términos generales, ese apartado específico fue rechazado durante la votación en particular. A partir de esa experiencia, en Balcarce 50 buscan evitar que la situación vuelva a repetirse durante la discusión del Presupuesto correspondiente al próximo año.

La búsqueda de acuerdos con gobernadores

La estrategia oficial se encuentra vinculada a una negociación política de mayor alcance. El objetivo del Ejecutivo consiste en llegar a septiembre con acuerdos consolidados junto a varios gobernadores que permitan acompañar no sólo el tratamiento del Presupuesto, sino también la reforma electoral y otras iniciativas económicas consideradas prioritarias.

En el Gobierno entienden que, si esos mandatarios provinciales mantienen un alineamiento político con el presidente Javier Milei de cara a 2027, existirán menos incentivos para rechazar proyectos considerados centrales para el oficialismo.

En ese contexto, el Presupuesto aparece como el instrumento elegido para ordenar la discusión vinculada con el gasto público. Desde el entorno presidencial sostienen que tanto el debate sobre universidades como el relacionado con discapacidad deberían resolverse dentro del cálculo general de recursos y gastos del Estado y no mediante leyes específicas que impliquen incrementos presupuestarios por fuera de la programación financiera.

El frente universitario y la situación judicial

Uno de los principales focos de atención del Gobierno se encuentra en el conflicto relacionado con el financiamiento universitario. La Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes y con la recomposición de las becas estudiantiles.

No obstante, desde la Casa Rosada aclaran que esa resolución no constituye una sentencia definitiva sobre la totalidad de la ley. En el Ejecutivo remarcan que el alcance actual del fallo se limita a esos artículos específicos y sostienen que el expediente continúa abierto.

Con anterioridad, el Gobierno había intentado reducir el conflicto mediante un acuerdo parcial que contempló:

• Una recomposición salarial del 24,33% para docentes y no docentes.
• Un incremento del 20% para gastos de funcionamiento.
• Un refuerzo de $50.000 millones destinado a hospitales universitarios.
• Una mejora en las becas Manuel Belgrano.

Sin embargo, las universidades mantuvieron el reclamo judicial y señalaron que ese entendimiento no implicaba el cumplimiento de la legislación vigente.

Discapacidad también forma parte del análisis

El área de Discapacidad constituye otro de los ejes que el oficialismo pretende revisar dentro del futuro Presupuesto.

El Gobierno ya había enviado anteriormente un proyecto para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, centrando la propuesta en distintos aspectos administrativos y de control. Entre los puntos incluidos figuraban:

• Auditorías.
• Reempadronamiento.
• Revisión de incompatibilidades para pensiones no contributivas por invalidez laboral.
• Revisión del esquema de financiamiento.

La intención oficial consiste en reducir el costo fiscal de la norma y fortalecer los mecanismos de control sobre los beneficios.

El contexto fiscal del Presupuesto 2027

La discusión parlamentaria estará atravesada por los objetivos fiscales definidos por el Gobierno. El informe de avance del Presupuesto 2027 señala que el proyecto será enviado antes del 15 de septiembre y mantendrá el compromiso con el superávit fiscal y la estabilidad macroeconómica.

Asimismo, el documento anticipa metas orientadas a incrementar la actividad económica, el empleo y los ingresos reales, junto con una fuerte desaceleración de la inflación. En materia de ejecución presupuestaria, el Ejecutivo informó que hasta mayo de 2026 registró:

• Superávit primario: $8,4 billones.
• Resultado financiero positivo: $2,6 billones.
• Transferencias a universidades nacionales: $1,95 billones, con una ejecución equivalente al 37,3% del crédito vigente.

Al mismo tiempo, el Gobierno indicó que las prestaciones de la seguridad social, entre las que se incluyen las pensiones no contributivas por discapacidad, representaron el principal factor de incremento del gasto primario.