El juez federal Adrián González Charvay intimó este martes al Gobierno nacional a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad a partir del 4 de febrero, otorgándole un plazo de dos semanas para cumplir con la normativa.

Además, el Juzgado Federal de Campana, donde se tramita un proceso colectivo de alcance nacional iniciado por dos padres, concedió cinco días al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad para que informen el estado de avance de los trámites necesarios para dar cumplimiento a la ley sancionada por el Congreso.

La medida fue adoptada sin esperar un pronunciamiento de la Cámara Federal de San Martín, donde se encuentra en trámite una apelación vinculada al caso.

El recurso fue impulsado por el procurador general de la Nación, Santiago Castro Videla, luego de que el magistrado ordenara la implementación inmediata de la norma el pasado 12 de diciembre. La presentación recayó en la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, que aún no emitió resolución.

El conflicto por la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en julio de 2025, pero posteriormente el presidente Javier Milei vetó la norma, argumentando la necesidad de preservar el equilibrio fiscal.

Sin embargo, el Poder Legislativo rechazó el veto, lo que obligó al Ejecutivo a promulgar la ley. No obstante, el oficialismo incorporó un artículo que suspendía su aplicación, bajo el argumento de que el Congreso no había especificado el origen de los fondos necesarios para afrontar los gastos previstos.

Ante esta situación, el juez González Charvay consideró que la decisión del Gobierno constituyó una invasión a las facultades del Congreso y una violación al principio de supremacía constitucional.

En su fallo, el magistrado calificó como falso el argumento económico esgrimido por la administración libertaria, al señalar que la propia ley facultaba al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para garantizar su implementación.

Hasta el momento, la Casa Rosada y el Ministerio de Salud no emitieron declaraciones públicas sobre la intimación judicial. Según pudo saber TN, el oficialismo se encuentra preparando una respuesta dentro de los plazos establecidos.