El juez federal de Paraná, Daniel Alonso, desestimó un habeas corpus presentado por la Unión Cívica Radical (UCR) que solicitaba la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el Gobierno nacional para reformar la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y ampliar sus atribuciones.
El recurso había sido presentado por los abogados Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Artur Kisser y Armando Rafael Aquino Britos, de los cuales los dos primeros integran las filas de la UCR. El planteo buscaba frenar la vigencia del decreto al considerar que podría afectar garantías constitucionales.
El DNU que reforma la SIDE fue presentado durante el verano y recibió críticas de diversos espacios políticos, no solo por la reorganización del sistema de inteligencia, sino también por la ampliación de competencias del organismo. Entre los puntos cuestionados, el decreto habilita al personal de inteligencia a "aprehender" personas en casos de flagrancia.
Ese artículo generó una fuerte polémica y motivó la presentación de distintos amparos judiciales. Sin embargo, el único que fue analizado durante la feria judicial fue el tramitado en el Juzgado Federal de Paraná, a cargo de Alonso, quien en el pasado fue abogado de Carlos Nair Menem.
Tras habilitar la feria para abordar el habeas corpus, el magistrado analizó el planteo que solicitaba la declaración de inconstitucionalidad del DNU, bajo el argumento de que la norma "amenazaría y restringiría la libertad ambulatoria de los presentes y de los ciudadanos".
En su resolución, Alonso rechazó el pedido y fundamentó que el decreto "no infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad de decidir, ni vulneración de garantía constitucional alguna".
El fallo también señala que no se acredita la existencia de una "cierta, concreta o inminente amenaza a la libertad", ni se demuestra dicha situación en los términos exigidos por la Corte Suprema en la causa "Codovilla Victorio".
Con estos argumentos, el juez resolvió rechazar el recurso y elevó su decisión a la Cámara Federal de Apelaciones de su jurisdicción para su evaluación. La resolución tiene impacto en todo el país y es seguida con atención en provincias como Catamarca, donde sectores políticos y jurídicos analizan el alcance del DNU y sus implicancias institucionales.