En una sesión marcada por la sorpresa y la tensión política, la Cámara de Diputados reactivó este miércoles el debate previsional con dos proyectos clave: la prórroga de la moratoria jubilatoria y la creación de una prestación proporcional por vejez. La votación reflejó una mayoría inesperada que puso al presidente Javier Milei ante la posibilidad de tener que recurrir nuevamente al veto presidencial.
Con 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones, se aprobó la prórroga por dos años del Plan de Pago de Deuda Previsional, impulsado por Unión por la Patria (UxP), con aportes de otros bloques opositores. La medida extiende la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705, caducada desde marzo, y prevé una posible extensión por igual plazo.
De forma paralela, los diputados Nicolás Massot y Alejandra Torres (Encuentro Federal) consensuaron con sectores de UxP, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda una propuesta para establecer una prestación proporcional para personas que aportaron entre 10 y 29 años, sin llegar a los 30 requeridos para jubilarse. El proyecto plantea una fórmula que combina una fracción de la Prestación Básica Universal más un 1,5% adicional por cada año aportado.
Voto clave de diputados provinciales
El avance fue posible gracias a los votos de diputados de bloques provinciales que hasta ahora acompañaban al oficialismo. Los tres legisladores tucumanos del bloque Independencia, afines al gobernador Osvaldo Jaldo, votaron a favor de los proyectos. Lo mismo hicieron los diputados salteños que responden al mandatario Gustavo Sáenz.
Desde el oficialismo, el diputado Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) cuestionó las iniciativas y advirtió que se trata de una estrategia electoral: "Esta situación se va a repetir todo el año. El presidente ya dijo que va a vetar estas leyes. Nosotros priorizamos el equilibrio fiscal".
Costo fiscal y fuentes de financiamiento
Según estimaciones del Poder Ejecutivo, el costo fiscal total de las medidas ronda el 1,8% del PBI, unos 12 mil millones de dólares. La suba del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones más el incremento del bono mínimo (de $70.000 a $110.000) representan un impacto del 1,3%. La moratoria jubilatoria, un 0,2% del PBI.
No obstante, los impulsores del proyecto propusieron fuentes concretas de financiamiento. Entre ellas: eliminar la exención del IVA a directores de empresas, eliminar beneficios del impuesto a las ganancias para sociedades de garantía recíproca, nacionalizar fondos recaudatorios de los registros automotor (ACARA y CSA) y redireccionar partidas asignadas por DNU a la ex SIDE, por más de $33.000 millones este año.
La sombra del veto presidencial
El presidente de la Cámara, Martín Menem, advirtió que detrás de "causas nobles" se esconde la intención de romper el equilibrio fiscal. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, anticipó que Milei vetará las leyes si son sancionadas por el Senado.
El radical Lisandro Nieri pidió evitar un nuevo veto: "Queremos una solución real, no volver al punto de partida. Propusimos un plazo de 30 días para que el Ejecutivo integre el bono en las jubilaciones usando el resultado fiscal positivo".
Desde el socialismo, Esteban Paulón remarcó que la intención del Gobierno fue bloquear la sesión: "La amenaza de veto buscó que el Congreso solo funcione para lo que el oficialismo quiere".
El antecedente inmediato data de septiembre de 2024, cuando Milei vetó la nueva fórmula de movilidad aprobada por amplia mayoría. Entonces, logró blindar el veto con el apoyo de 87 diputados, a quienes calificó de "héroes".