Con la Ley de Financiamiento Universitario ya en manos del Poder Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió este viernes que convocará a una nueva Marcha Federal en caso de que el presidente Javier Milei cumpla con su promesa de vetarla. La decisión fue adoptada durante el 94° Plenario de Rectoras y Rectores realizado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Del encuentro participaron 70 de los 74 miembros del Consejo, quienes expusieron la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas del país. Allí defendieron la norma sancionada por amplias mayorías en el Congreso y buscaron sumar consensos para que el veto, de concretarse, sea rechazado con los dos tercios necesarios.
"Nos estamos organizando para el día que el Congreso tenga que tratarlo nuevamente y esperar que esta vez con los dos tercios sea rechazado ese veto", afirmó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa.
En el plenario estuvieron presentes dirigentes políticos de la oposición que manifestaron su apoyo. La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, llevó el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro: "Como gobierno de la provincia estamos al lado de ustedes y creemos que es un legítimo reclamo", expresó.
También participaron los diputados nacionales santafesinos Mónica Fein (Partido Socialista) y Germán Martínez (Unión por la Patria), quienes se comprometieron a insistir en el Congreso en caso de que la ley sea vetada.
El reclamo universitario se sumó al de los gremios docentes y no docentes. "Estamos viviendo una situación de anormalidad en las universidades. No tenemos recursos. Se nos caen los presupuestos", denunció Carlos de Feo, secretario general de Conadu.
La cuenta regresiva hacia los vetos
El jueves, el Congreso giró al Poder Ejecutivo las dos últimas leyes aprobadas en el Senado: la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica —esta última impulsada por los reclamos en el Hospital Garrahan—. A partir de allí comenzó a correr el plazo de diez días hábiles para que el Presidente decida su promulgación o el veto, que vencerá el 11 de septiembre.
Ambos proyectos obtuvieron una amplia mayoría en el Senado: la ley universitaria cosechó 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones; mientras que la de salud pediátrica fue respaldada por 62 senadores, contra 8 rechazos. Sin embargo, desde Casa Rosada ya adelantaron su rechazo a ambas iniciativas.
De confirmarse, sería la segunda vez desde el inicio de la gestión de Milei que se veta una norma vinculada al financiamiento universitario. Ante ese escenario, el CIN prepara una movilización que podría realizarse en la tercera o cuarta semana de septiembre.
En paralelo, el oficialismo analiza cómo proceder con la Ley de Emergencia Pediátrica. Aunque rechaza la iniciativa, evalúa acompañar el veto con un paquete de anuncios vinculados a los fondos sanitarios.
Por otra parte, el Senado convocaría la próxima semana a una sesión para intentar revertir el veto presidencial a la emergencia para la discapacidad, que ya cuenta con media sanción en Diputados con 172 votos a favor y 73 en contra. El Gobierno, en tanto, anticipó que esperará que la oposición avance por vía judicial para efectivizar la implementación.