Mañana, en el Día del Maestro, expira el plazo para que el Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente Javier Milei, decida si veta o promulga la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa, aprobada por el Congreso el 22 de agosto, garantiza la actualización mensual de los fondos destinados a salarios y funcionamiento de las universidades nacionales, además de incluir partidas para infraestructura, becas y carreras estratégicas.

Tras las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, Milei reiteró su compromiso con su programa económico, incluyendo equilibrio fiscal, control monetario y mantenimiento de las bandas cambiarias acordadas con el FMI. Hasta el momento, fuentes del Gobierno indican que no se planean modificaciones de fondo en el área económica ni política.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) expresó públicamente su solicitud de reglamentación mediante un video difundido en redes sociales. En él, el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, junto a los decanos de las 13 facultades y el director del Ciclo Básico Común (CBC), enfatizaron la urgencia de garantizar los recursos para el funcionamiento académico y las condiciones laborales del personal.

"Queremos seguir enseñando y aprendiendo dentro de nuestras aulas, con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores continúen formando a las próximas generaciones. Sin ellos, la universidad no sería la misma", subrayaron las autoridades en el comunicado, que refleja un consenso inédito ante la situación financiera actual.

La ley proyecta un crecimiento gradual del financiamiento estatal, que pasará del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 al 1,5% en 2031. Además, prevé la convocatoria a negociaciones paritarias para ajustar los sueldos de docentes y no docentes según la inflación.

Las autoridades recordaron que una iniciativa similar fue aprobada en 2024 y luego vetada por la Presidencia, lo que provocó una significativa caída del poder adquisitivo del sector y llevó a la UBA a declarar la emergencia salarial en marzo pasado.

El reclamo universitario se centra en garantizar reglas de financiamiento estables que permitan planificar la vida institucional frente a los desafíos económicos actuales y sostener la excelencia de la educación pública, más allá de cualquier motivación política.

Analistas señalan que el debate ocurre en un contexto de ajuste fiscal que afectó áreas clave como salud, discapacidad y jubilaciones, y ahora resta conocer la decisión del Ejecutivo sobre la promulgación o el veto presidencial de la ley.