El procurador general sostuvo que hubo una asociación ilícita en la concesión de obra pública a Lázaro Báez. Además, solicitó revocar las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se eleve de 6 a 12 años la pena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El pedido surge tras un requerimiento del máximo tribunal realizado en abril, cuando le solicitó a Casal que dictamine si correspondía revisar la condena impuesta o elevarla, tal como había reclamado el fiscal de Casación, Mario Villar.

En su dictamen, Casal cuestionó las absoluciones por el delito de asociación ilícita. "Lo propio de la figura es que la efectiva preparación de un plan no agote los fines de la asociación, los cuales desbordan el plan concreto", sostuvo. Y agregó: "Esa era la exacta característica de la organización conformada por los imputados".

El procurador afirmó que no se trató de un plan puntual, sino de una estructura montada para ejecutar múltiples maniobras ilegales. "No hubo un catálogo detallado de cuánto dinero se quería sustraer ni cómo se harían las licitaciones, los sobreprecios o los pagos", indicó.

Además, Casal pidió revocar las absoluciones de otros imputados relevantes: el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el extitular de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro.

Sobre De Vido, sostuvo que "no solo conocía el plan delictivo, sino que fue uno de sus principales organizadores". Respecto de Garro, señaló que su conocimiento del esquema de corrupción fue la razón por la que se lo promovió al cargo desde el cual ejecutó actos centrales para beneficiar a la empresa Austral Construcciones.

El dictamen subraya que los funcionarios firmaron actos administrativos para asignar fondos del presupuesto nacional a favor de la firma de Lázaro Báez, que "pese a registrar nulo avance o demoras en las obras, no tenía deudas con el Estado".

Aunque el dictamen de Casal no es vinculante, será considerado por los jueces de la Corte Suprema, que tienen la decisión final sobre el caso.

Antes, la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado la apelación de Cristina Kirchner al considerar que su defensa no refutó todos los fundamentos de la condena ni demostró una relación directa entre las normas federales invocadas y el fallo en cuestión.

Tras ese revés, la expresidenta, a través de su abogado Carlos Beraldi, solicitó al máximo tribunal su absolución y la revocación de la condena de seis años de prisión, alegando supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas en Santa Cruz.