Victoria Villarruel llevaba meses sin contacto con Santiago Caputo. La vicepresidenta y el principal asesor presidencial cortaron toda comunicación tras el quiebre definitivo entre ella y el núcleo duro del Gobierno. Desde entonces, Villarruel mantiene escasos y formales intercambios con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos —el más dialoguista del elenco oficialista— y con el presidente de Diputados, Martín Menem.
Pero ayer, minutos antes de que comenzara la sesión en el Senado que resultaría lapidaria para el oficialismo, Villarruel recibió un audio de WhatsApp de Caputo. El mensaje fue claro: le pedía que no habilitara la sesión. Ella lo escuchó en altavoz frente a su equipo y decidió no responder. En cambio, trasladó la advertencia a través de Francos: intentaría colaborar, pero solo habilitaría el tratamiento de proyectos sin dictamen si reunían dos tercios de los votos.
Lo que siguió fue un quiebre institucional con consecuencias aún incalculables. Villarruel abrió la sesión cuando hubo quórum y el Senado, con apoyo unánime, avanzó: aprobó una nueva fórmula jubilatoria, la moratoria previsional, la ley de aportes por discapacidad, y dio media sanción a proyectos provinciales que modifican el reparto de los ATN y los fondos del impuesto a los combustibles.
La jornada mostró el desorden interno del Gobierno. Tres gobernadores —Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut)— intentaron descomprimir el conflicto con llamados a distintos interlocutores de la Rosada. Pero obtuvieron instrucciones contradictorias: Lule Menem pidió que se quedaran y votaran en contra; Francos recomendó no dar quórum, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sumó un mensaje distinto. "Tanta dispersión permitió a los gobernadores autopercibirse mareados", ironizó un operador del Senado.
Guerra de tuits y fuego amigo
"¡Traidora!" lanzó Javier Milei en un discurso en la Bolsa de Comercio, apuntando a su vicepresidenta. La escena expuso al máximo la fractura libertaria y sumó otro capítulo al creciente desgaste político. En redes, la ministra Patricia Bullrich acusó a Villarruel de ser funcional al kirchnerismo. La respuesta fue contundente: Villarruel le recordó su pasado montonero y le enrostró los principios republicanos.
A la par, sorprendió el respaldo de José Mayans, jefe del bloque del PJ, a Villarruel, pese a no compartir agenda alguna. "Todo se ve muy desprolijo", comentaban incluso dentro del oficialismo.
Mientras tanto, en Casa Rosada, Francos instruyó a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, para analizar una eventual judicialización de la sesión. Aunque reconocen que el margen legal es limitado, es una forma de reaccionar.
El camino anunciado es el veto presidencial. Pero en Diputados, la matemática ya no garantiza que el oficialismo logre sostenerlo. Todo podría quedar en manos de Mauricio Macri. Si el acuerdo con el PRO bonaerense permite alinear a figuras como María Eugenia Vidal o Silvia Lospennato, quienes votaron a favor en el Senado, será una decisión crucial del expresidente.
La alianza que sostenía al oficialismo en el Congreso parece resquebrajarse. Caputo, que ya había advertido el deterioro, se alejó de la mesa chica. En los próximos días, el cierre de listas en Buenos Aires revelará quiénes son los ganadores y perdedores en esta nueva fase de la interna libertaria.
El avión del poder: sombras sobre un vuelo clave
La jornada legislativa más adversa para el Gobierno coincidió con otro frente de tormenta. La causa judicial por un vuelo privado del empresario Leonardo Scatturice, vinculado a Javier Milei y al entorno de Donald Trump, volvió a instalarse en agenda tras un dictamen fiscal que reveló una cadena de irregularidades.
El avión llegó a Argentina el 26 de febrero y partió el 5 de marzo rumbo a París, tras permanecer días en un hangar privado. El dictamen plantea dudas serias: se declaró un aeropuerto de origen y se usó otro; se consignó Miami como destino pero el vuelo fue a París; ANAC no registró su llegada; Aduana no precintó el avión; y los videos de la Policía Federal fueron parciales.
El oficial de la PSA que intervino denunció una comunicación sospechosa entre la pasajera, Laura Arrieta (directora de OPC, la empresa de Scatturice), y la delegada de Aduana, Cintia Cali. Aún no está claro qué se autorizó.
Además, la empresa primero dijo que había una auxiliar de vuelo a bordo —sumando cuatro tripulantes—, pero luego se desdijo. El titular de Aduana, Juan Pazo, defendió la versión errónea, y no volvió a hablar del tema.
Otro dato intrigante: el caso fue reportado por la Aduana de Campana, pese a que el hecho ocurrió en Capital. En el fuero penal económico afirman que últimamente muchas denuncias provienen de esa seccional, algo que despierta suspicacias.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró cerrado el caso tras la declaración del piloto, quien presentó comprobantes de compras por internet para justificar los bultos. Sin embargo, eso no responde a la pregunta central: ¿hubo o no controles efectivos?
El juez Pablo Yadarola espera un informe clave de Estados Unidos para saber si se revisó el contenido del jet antes de su despegue. La incógnita sigue abierta.
