La jueza federal del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, convocó a una audiencia judicial a la República Argentina y a los fondos Burford y Eton Park, beneficiarios del fallo multimillonario por la expropiación de YPF. La reunión, prevista para el martes 15 de julio, busca avanzar en la resolución del conflicto legal que enfrenta al país con los litigantes.

El encuentro judicial podría anticipar un nuevo capítulo en la disputa: se espera que los demandantes soliciten a la jueza que ordene a la Argentina identificar posibles sociedades o instituciones que representen sus intereses en el exterior, en un intento por ejecutar la sentencia.

En paralelo, la Procuración del Tesoro presentó dos escritos ante el tribunal estadounidense solicitando la suspensión del fallo que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal. No obstante, antes de que Preska se pronunciara sobre ese pedido, el Gobierno argentino decidió apelar directamente el fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Apelación en marcha

La apelación formal se realizó sobre la sentencia emitida el 30 de junio por Preska, que ordena al Estado argentino transferir el paquete accionario mayoritario de YPF como garantía de pago de la indemnización superior a los US$16.000 millones, cifra que ya asciende a US$17.750 millones al sumar intereses.

Pese a haber solicitado una suspensión, el Ejecutivo no esperó la decisión judicial y avanzó con la apelación. En este contexto, el lunes 14 de julio vence el plazo establecido por la magistrada para que la Argentina deposite las acciones en custodia en un banco de Nueva York, en favor de Burford y Eton Park.

El origen del conflicto

El caso se remonta al 15 de septiembre de 2023, cuando la jueza Preska condenó a la Argentina por no haber respetado el estatuto de YPF durante la expropiación de 2012. En ese momento, el Estado nacional compró la participación de Repsol, pero no ofreció una oferta pública al resto de los accionistas, entre ellos el grupo Petersen —de la familia Eskenazi—, que poseía el 25% de la compañía.

Los derechos para litigar fueron adquiridos por los fondos Burford Capital y Eton Park, que ahora impulsan el cobro de la sentencia. Tras la condena, el Gobierno argentino inició el proceso de apelación, pero los demandantes intensificaron sus acciones judiciales, incluyendo el pedido de entrega de acciones estatales de YPF.

Este fallo también habilitó a otros acreedores del país a reclamar pagos similares a través de los activos de la petrolera.

La posición del Gobierno

El presidente Javier Milei rechazó la validez del fallo y consideró que su aplicación sería inconstitucional:

"El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso aprobada por dos tercios, y eso no va a ocurrir", aseguró el mandatario en una entrevista.