En una nueva audiencia clave del juicio por YPF que se lleva adelante en el distrito sur de Nueva York, la jueza Loretta Preska volvió a ordenar al Estado argentino la entrega de los chats y correos electrónicos de los ministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, en el marco del proceso judicial que enfrenta al país con los fondos demandantes por la expropiación de la petrolera.

El encuentro se desarrolló entre los representantes legales de Argentina y los abogados de los demandantes, incluyendo firmas como Levine Lee, King & Spalding y Kellogg Hansen. Los principales puntos de discusión giraron en torno al proceso de discovery, es decir, la entrega de documentos solicitados por los demandantes, y la información vinculada a empresas consideradas "alter ego" de YPF, como Aerolíneas Argentinas, el Banco Central, el Banco Nación y la propia YPF.

Durante la audiencia, la magistrada sostuvo que las objeciones presentadas por la Argentina, basadas en supuestas restricciones constitucionales y legales locales, forman parte de una estrategia dilatoria para retrasar la entrega de la información. No obstante, la jueza aceptó establecer una fecha límite de cumplimiento para el 30 de octubre, enfatizando que la falta de cumplimiento podría derivar en sanciones, incluyendo inferencias adversas o medidas de desacato.

Los abogados de los fondos demandantes argumentaron que los funcionarios argentinos manejan asuntos de Estado a través de chats y teléfonos personales, y presentaron evidencia pública para respaldar esta afirmación. En consecuencia, Preska reafirmó su orden previa de entregar los correos electrónicos y chats de WhatsApp de Caputo y Massa, destacando la importancia de garantizar el acceso a esta información para avanzar en el juicio.

Por otro lado, la estrategia del Estado argentino apunta a evitar la entrega de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia por US$16.000 millones, alegando que dicha medida afectaría la soberanía económica del país y establecería un precedente negativo sobre la protección de activos estatales en el exterior.

Ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, la defensa argentina presentó cuatro argumentos principales: violación de la inmunidad soberana, interpretación errónea del derecho de Nueva York, inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas y violación del derecho argentino e internacional.

Los fondos beneficiarios del fallo, principalmente Burford, deberán presentar un escrito para replicar la presentación argentina el 14 de noviembre, mientras que la argumentación final de la parte argentina está prevista para el 12 de diciembre. Aunque los jueces aceptaron, por pedido de las partes, acelerar el juicio, se estima que no habrá novedades significativas hasta 2026.

Este caso, que ha adquirido relevancia internacional, mantiene en vilo al país debido al alto monto de la condena y la implicancia que tiene para los activos estatales en el exterior, así como la tensión que genera en las relaciones jurídicas entre Argentina y los tribunales estadounidenses.