La situación del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, se convirtió en un asunto de Estado para el Gobierno argentino, que solicitó formalmente la intervención de Estados Unidos para lograr su liberación, en medio de una serie de excarcelaciones de presos políticos dispuestas por el régimen interino venezolano que no lo incluyeron.

La preocupación oficial se incrementó ante la falta de novedades sobre Gallo, quien permanece detenido en la cárcel conocida como El Rodeo, sin contacto con sus familiares. Su caso se transformó en un símbolo del reclamo internacional de la Argentina, pese a que existen otros ciudadanos nacionales detenidos en el país caribeño.

Uno de los factores que había generado expectativas fue el anuncio realizado el viernes por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien comunicó el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de amnistía general, principalmente orientado a presos políticos. La iniciativa aún debe ser aprobada para convertirse en ley.

Una semana antes del anuncio, funcionarios y familiares argentinos creyeron que Gallo sería liberado, pero eso no ocurrió. En esa instancia fueron excarcelados otros ciudadanos argentinos —Yacoov Harary, Roberto Baldo y Gustavo Gabriel Rivara— junto al chofer venezolano de la embajada argentina, Marino Mendoza Fuentes. Gallo y el abogado Germán Giuliani permanecieron detenidos. Además, Rodríguez prometió el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide.

Este viernes tampoco hubo novedades desde Washington. La embajada de Estados Unidos en Caracas informó la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en Venezuela, en el marco de la llegada de Laura Dogu como nueva encargada de negocios. Nahuel Gallo no fue incluido en esa tanda, pese a que, según se indicó, existían operativos preparados en Colombia ante una eventual liberación.

En Venezuela se estima que alrededor de 300 presos políticos fueron excarcelados recientemente, en un proceso atravesado por disputas entre el chavismo y la oposición respecto del número real. Cada país gestiona la situación de sus ciudadanos, aunque Argentina enfrenta dificultades adicionales por la ruptura de relaciones diplomáticas con Caracas, tras la expulsión de diplomáticos dispuesta por Nicolás Maduro y el retiro de la representación venezolana en Buenos Aires.

Fuentes locales y latinoamericanas con vínculos con el gobierno venezolano señalaron que Caracas sostiene que la administración de Donald Trump aún no habría pedido formalmente por Gallo, aunque esa versión no pudo ser confirmada. Lo que sí trascendió es que Argentina no figura entre las prioridades del gobierno de Delcy Rodríguez, presionada principalmente por Estados Unidos.

Según esas fuentes, Rodríguez considera que Gallo no sería un preso político, sino que habría realizado una "operación" o una inspección sin autorización en la embajada argentina, donde se encontraban asilados colaboradores de María Corina Machado, luego liberados en una operación de Estados Unidos en mayo de 2025. El Gobierno argentino y la familia del gendarme sostienen que Nahuel Gallo, de 34 años, viajó a Venezuela para visitar a su pareja, de nacionalidad venezolana, y a su hijo, quienes posteriormente se trasladaron a la Argentina.

También se indicó que existen canales alternativos de diálogo con Caracas, ajenos al Gobierno nacional, que solicitaron la excarcelación de Gallo sin plantear contraprestaciones, aunque sin resultados concretos hasta el momento.

En relación con el abogado Germán Giuliani, las mismas fuentes señalaron que su situación es considerada más compleja, ya que enfrenta acusaciones por delitos comunes vinculados a estupefacientes, y no de carácter político. No obstante, no se conocieron pruebas públicas al respecto.

Actualmente, el Gobierno argentino concentra sus gestiones en que la administración de Donald Trump exija la liberación del gendarme catamarqueño, dado el peso de Estados Unidos sobre el gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado.

Las gestiones están encabezadas por el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford, junto a su equipo, y por el canciller Pablo Quirno, quien también trasladó el reclamo al gobierno italiano de Giorgia Meloni.

En ese marco, Italia pasó a representar los intereses argentinos en Caracas, luego de que Brasil abandonara ese rol. Según se informó, esta decisión estuvo vinculada al deterioro del vínculo bilateral tras expresiones del presidente Javier Milei y de su canciller en redes sociales, que generaron malestar en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

De avanzar una presión diplomática efectiva por parte de Estados Unidos o Italia, la representación consular de Gallo debería quedar formalmente a cargo de las autoridades italianas, mientras la Argentina continúa sin interlocución directa con el gobierno venezolano.