El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte confirmó la convocatoria a una reunión con las empresas que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros en la provincia, luego de que cuatro compañías anunciaran medidas de restricción en la frecuencia y disponibilidad de unidades. El encuentro fue fijado para este martes, en la sede del organismo provincial, con el objetivo de analizar el escenario actual y buscar alternativas para evitar que la población usuaria resulte afectada.
La advertencia sobre posibles limitaciones en el servicio encendió señales de alerta tanto en el Gobierno como en los sectores vinculados al transporte público. En este contexto, la cartera que conduce Eduardo Andrada expresó que la convocatoria responde a la necesidad de abordar "los desafíos actuales del sistema", un punto que vuelve a situar en debate las condiciones operativas de las empresas, la estructura de costos y la sostenibilidad del servicio.
Según se informó oficialmente, la reunión tiene como propósito "analizar conjuntamente los desafíos actuales con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema y la continuidad del servicio para los usuarios". El ministerio remarcó que la intención es acercar posiciones y acordar medidas que permitan prevenir interrupciones, especialmente en un momento en que la movilidad urbana depende fuertemente del transporte público.
Desde la cartera subrayaron además que se mantiene una postura de diálogo permanente con el sector empresario. La voluntad oficial, señalan, es encontrar soluciones equilibradas que contemplen tanto las necesidades operativas de las compañías como el derecho de la ciudadanía a contar con un transporte público accesible, eficiente y regular. Este punto resulta especialmente relevante para los miles de usuarios que dependen diariamente del sistema para desplazarse por motivos laborales, educativos o de salud.
En un llamado a la buena voluntad, Transporte solicitó formalmente a las empresas mantener la mayor normalidad posible en la prestación del servicio, aun cuando persistan las diferencias o dificultades que motivaron el anuncio de restricciones. "Se pide evitar afectar a quienes dependen diariamente del transporte público", señala el comunicado, enfatizando la responsabilidad social que recae sobre los prestadores.
La convocatoria del Gobierno provincial es rapida y se da en medio de crecientes versiones sobre un incremento del boleto de colectivo, el que rondaría, según las primeras estimaciones, el 26%. De concretarse esto el pasaje mínimo se ubicaría en torno a los $1.200. En cualquier escenario, los usuarios —quienes padecen directamente la crisis— ahora quedan a la deriva y deberán reacomodar tanto sus gastos como su rutina semanal, una complejidad adicional a esta altura del año y así ver cómo resuelven la movilidad, por lo menos de mañana martes.
Las razones detrás del lock out
La parálisis del servicio, anunciada por las firmas Cooperativa San Fernando, La Rubí SRL, Líneas GM SRL y El Nene SRL, replica lo ocurrido recientemente en Tucumán y expone de manera contundente la fragilidad del sistema. En un comunicado conjunto, las patronales afirmaron este fin de semana que la situación se volvió "insostenible" tras meses de reducción de frecuencias, problemas financieros y falta de respuestas oficiales.
Las empresas explicaron que ya no cuentan con los recursos básicos para continuar operando y que la prestación quedará suspendida por tiempo indeterminado. El panorama que describen es de inviabilidad total: aseguran que las pérdidas se acumulan desde hace más de un año y que el desbalance económico llegó a un punto de no retorno.