Este jueves, la comunidad vinculada a la discapacidad en Argentina llevará adelante un paro nacional acompañado de movilizaciones en distintas provincias. La medida apunta a visibilizar la crítica situación que atraviesan personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores del sector, y reclamar el urgente tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad en el Congreso Nacional.
La protesta central se desarrollará desde las 11 de la mañana frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, organizaciones, familias, prestadores y profesionales buscarán presionar para que la Cámara de Diputados trate el proyecto impulsado por el legislador Daniel Arroyo, cuya discusión está prevista para el próximo 4 de junio.
En la provincia de Catamarca, la convocatoria será a la misma hora en la Plaza 25 de Mayo. Convocan el Instituto de Rehabilitación Integral, Petit Clínicas de Infancias, la Unión de Padres Azules y Neuro Desarrollo Catamarca.
Una protesta en respuesta a los recortes
La jornada de lucha forma parte de una serie de acciones que se vienen desarrollando en diferentes puntos del país, como respuesta al ajuste presupuestario que afecta directamente al sector.
Desde las organizaciones denunciaron "las crueldades más aberrantes" del actual gobierno nacional. Entre ellas, destacan el recorte de más de 200 mil pensiones no contributivas, lo que ha dejado a miles de personas sin obra social y sin acceso a prestaciones médicas esenciales.
Además, apuntan contra la precarización laboral que afecta a quienes prestan servicios a personas con discapacidad, incluidos transportistas, acompañantes terapéuticos y personal de hogares, cuyos ingresos resultan insuficientes para sostener su trabajo.
Qué plantea la Ley de Emergencia en Discapacidad
El proyecto que se debatirá en la Cámara Baja propone declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad, con el objetivo de revertir el deterioro del sistema de atención. La iniciativa contempla la creación de un presupuesto específico para actualizar los valores que perciben los prestadores, así como mejorar las condiciones laborales y salariales de quienes trabajan en talleres protegidos.
Actualmente, los empleados con discapacidad en estos espacios perciben 28 mil pesos mensuales, un monto que no se modifica desde febrero de 2023.
Otro de los ejes del proyecto apunta a agilizar el proceso de auditorías y aprobación de pensiones. Según cifras oficiales, en los últimos 14 meses solo se aprobaron 586 de las 500 mil solicitudes presentadas. Las familias con niños y niñas con discapacidad se encuentran entre las más afectadas por esta crisis: denuncian que sus hijos quedaron "a la deriva", sin terapias, acompañamiento ni respuestas institucionales.
La sesión en la Cámara de Diputados fue solicitada por bloques de la oposición y está programada para este jueves a las 11. En caso de obtener media sanción, el proyecto pasará al Senado, con la esperanza de generar un alivio para un sector que atraviesa una situación límite.
