Tras el femicidio de Cintia Aranda a manos de Diego Ortega, la Comisión de Género del Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca, publicó un comunicado donde no solo se refirió a este lamentable hecho, sino que brindó datos de la preocupante situación de las mujeres en la provincia.
Tomando los datos del Observatorio "Ahora que sí nos ven", el organismo informó que, entre el 1 de enero y el 30 de diciembre del 2021, se registraron 256 asesinatos por razones de género, es decir, 1 cada 34 horas. Asimismo, dejaron en claro que la cifra es bastante similar a la de los últimos seis años. Entre estas cifras, “se distinguen 233 femicidios íntimos de mujeres; 23 femicidios vinculados (8 de mujeres y niñas; 15 de varones y niños)”.
Según estos números, queda en evidencia que el lugar más inseguro para las mujeres es su propia casa. En relación con esto el Observatorio explicó que “el 60% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima —el 32% de los casos era de ella; el 27,7% compartía con el agresor. Esto desarma la creencia del sentido común según la cual, las mujeres corren más peligro en las calles; 1 de cada 4 víctimas de femicidio había realizado al menos una denuncia o tenían medidas de protección; de los 256 femicidios, 42 —16%— tenían denuncia previa y 24 —9%— tenían medida judicial”.
Luego de estos duros datos, el organismo se refirió a la indignante situación de la Justicia provincial frente a los casos de Violencia de Género: “La Ley Nacional N° 26.485 y la Ley 5.434 de la provincia de Catamarca, sancionada en 2015, prevén la creación de fueros penales de Violencia Familiar y de Género. Sin embargo, y por diferentes motivos, al día de hoy, todavía los juzgados no se encuentran activos. En el interior, la realidad es aún peor, no existen fueros especializados en Género”.
Además, agregó de manera contundente: “El juzgar con perspectiva de género lejos de ser una moda jurídica, es una obligación legal, encuentra su fundamento y respaldo en el derecho a la Igualdad y a la no discriminación reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que el Estado argentino ha suscripto e incorporado al ordenamiento mediante el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional (art. 16 CN; art. 1, DUDH, y arts. 1.1 y 24, CADH)”.
Siguiendo está línea, remarcó la necesidad de “políticas públicas de Género efectivas y eficaces, que garanticen la plena vigencia de los Derechos Humanos de las mujeres mediante la correcta aplicación de las leyes”.
Por último, se dirigió a las autoridades de los poderes del Estado pidiendo respuesta y, específicamente, al Poder Judicial solicitando que “revea y transforme sus prácticas dentro y fuera de los Juzgados y Fiscalías para no ser cómplices de los femicidios y no dar un mensaje de desprotección y desconfianza para quienes estén viviendo situaciones de violencia”.
