El Gobierno nacional apeló la medida cautelar que lo obliga a cumplir artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, especialmente los vinculados con la actualización de salarios docentes y partidas presupuestarias para las universidades públicas.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en respuesta al fallo dictado por el juez federal Enrique Cormick.
El Ejecutivo solicitó que se suspenda la resolución judicial que ordenó actualizar los salarios y los recursos destinados a las casas de altos estudios, y pidió que la apelación tenga efecto suspensivo.
El origen del fallo
La cautelar fue dictada tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a más de 40 universidades públicas.
En su resolución, Cormick consideró que existía una inobservancia "clara" de un deber jurídico por parte del Estado y advirtió sobre el peligro en la demora en la aplicación del financiamiento, debido al impacto directo en el funcionamiento de las instituciones universitarias.
La postura del Ejecutivo
Desde el Gobierno calificaron como "arbitraria" la interpretación judicial respecto de la demora en la aplicación de la ley. Argumentaron que el tema forma parte de una discusión presupuestaria que debe tratarse en el ámbito del Congreso de la Nación.
La controversia judicial continúa ahora en la Cámara, que deberá resolver si mantiene o revoca la medida cautelar.
