El Gobierno anunció nuevas restricciones en torno a la identidad de género, incluyendo la prohibición de tratamientos hormonales y cirugías de reasignación para menores de 18 años. Además, se estableció que las personas privadas de libertad no podrán solicitar traslados a pabellones femeninos basándose únicamente en su identidad de género autopercibida.

Las medidas fueron anunciadas este miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien argumentó que estas decisiones buscan garantizar los derechos de los niños y establecer un sistema más "razonable".

Adorni explicó que, a partir de ahora, los internos alojados en pabellones masculinos no podrán solicitar su traslado a cárceles de mujeres simplemente por declararse de otro género. Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en la provincia Córdoba, donde un hombre condenado por violencia de género pidió ser trasladado a un penal femenino y abusó de otras internas. A su vez, afirmó que la nueva normativa busca proteger a las mujeres en situación de encierro y erradicar lo que calificó como "los delirios fomentados por la ideología de género".

Otra de las medidas anunciadas es la prohibición de tratamientos hormonales y cirugías de adecuación de género en personas menores de 18 años. Según Adorni, la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012, permite actualmente que adolescentes accedan a estos procedimientos con el consentimiento de sus padres o, en su defecto, mediante la intervención de un juez.

El portavoz de la presidencia advirtió sobre los riesgos de estas prácticas en menores de edad, señalando que pueden generar consecuencias irreversibles en la salud física y mental de los niños. "Se trata de tratamientos que interrumpen el desarrollo natural del cuerpo y pueden tener efectos permanentes", argumentó.

Adorni también mencionó que países como Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estados Unidos han comenzado a revisar y restringir estos tratamientos en menores de edad, debido a su impacto a largo plazo.

Finalmente, concluyó que estas nuevas regulaciones no buscan perjudicar a ningún sector en particular, sino proteger el bienestar de los menores y garantizar sus derechos.