La experiencia de un grupo de trabajadores contratados para la cosecha de aceitunas en la localidad riojana de Aimogasta se transformó en un escenario de desamparo institucional y humano. La empresa Agropecuaria Anjullón proporcionó a los 30 hombres —provenientes de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca— un alojamiento que dista de cualquier estándar de dignidad laboral.
Según los testimonios recolectados, las treinta personas fueron obligadas a compartir una sola habitación, un espacio saturado donde las camas resultaron insuficientes, obligando a varios compañeros a dormir directamente en el piso.
La precariedad del inmueble, ubicado en las cercanías de la zona de producción, incluía la falta de agua corriente en el cuarto, la existencia de un único baño para el total del contingente y apenas dos anafes para la preparación de alimentos de todos los trabajadores. Matías, uno de los damnificados, describió que tenía compañeros que estaban literalmente tirados en el piso, evidenciando una realidad de hacinamiento extremo donde, desde el pasado 28 de enero, la subsistencia se volvió una lucha diaria frente a la ausencia de servicios básicos y promesas incumplidas.
La problemática de Agropecuaria Anjullón no se limitó al ámbito del hospedaje, sino que se extendió a las condiciones de seguridad en el campo y al incumplimiento de los marcos temporales de trabajo. Los cosechadores denunciaron la entrega de escaleras en mal estado y muy precarias, lo que derivó en accidentes inevitables debido a la falta de mantenimiento de las herramientas de altura. Según relataron los afectados, las caídas fueron constantes, afectando a varios integrantes del grupo sin que existiera una respuesta ante la siniestralidad laboral.
Asimismo, el marco contractual fue vulnerado de manera sistemática en la operatividad diaria, ya que en lugar de las 8 horas pactadas, los obreros cumplían regularmente jornadas de 14 horas. A este abuso se sumó el manejo de la alimentación; aunque el acuerdo establecía que la empresa cubriría la comida durante los primeros quince días, el suministro fue irregular y posteriormente se les pretendió cobrar, agravando la situación de precariedad de quienes realizaban el esfuerzo físico en el olivar.
El detonante del conflicto final fue la incertidumbre respecto al valor real de la fuerza de trabajo y la falta de pagos. Al inicio de la contratación, la empresa prometió un pago de 6.000 pesos por cajón de aceitunas de 20 kilos, pero en negociaciones posteriores entre la firma y el sindicato UATRE, el monto descendió a una cifra de entre 4.000 y 4.500 pesos, sin alcanzar un acuerdo definitivo. Ante esta falta de claridad y el hecho de no haber cobrado lo adeudado, los trabajadores decidieron paralizar sus actividades este miércoles hasta tener un precio fijo.
La respuesta patronal fue inmediata y terminante a través del capataz Pedro Arroyo, quien mediante un mensaje de audio comunicó el despido y la orden de desalojo inmediata. Los afectados denunciaron la falta de presencia de los directivos y la nula apertura al diálogo, señalando que el jefe no fue capaz siquiera de venir a hablar ni de bajar de la camioneta para brindar explicaciones ante el cese de la relación laboral y la orden de abandonar el predio.
Tras el despido, la empresa negó el transporte de regreso garantizado que formaba parte del compromiso inicial ante cualquier eventualidad o conflicto. Actualmente, la situación es crítica para quienes no cuentan con ahorros para costear el pasaje; mientras que 13 trabajadores lograron partir por sus propios medios, otros 17 cosechadores permanecen varados en Aimogasta sin recursos económicos.
El trabajador Chávez advirtió que deben abandonar el lugar que alquilan entre hoy y mañana, sin saber a dónde ir ni cómo costear el traslado. Los damnificados exigen el pago inmediato de los días trabajados y el dinero para los pasajes de retorno a sus provincias, mientras la empresa mantiene un silencio absoluto ante los reclamos de quienes fueron descartados tras denunciar su pesadilla laboral.