Entre el asombro, la credulidad y la decepción se describen los sentimientos de personas que habían invertido su dinero en Generación Zoe con la expectativa de alta rentabilidad. A pesar de que la causa explotó judicialmente en Villa María a fines de febrero, los adherentes al holding seguían esperanzados en las promesas de Leonardo Cositorto, quien continuaba comunicándose con sus seguidores mientras estaba prófugo de la Justicia.
Una damnificada que puso el mínimo (US$ 400) contó que ella continuaba realizando cursos de coacheo hasta hace poco porque había migrado a la plataforma Sunrise, lanzada desde la clandestinidad por el propio Cositorto.
Sin embargo, su detención en República Dominicana comenzó a desbaratar esos sueños. La prueba fehaciente es que recién después de un mes y medio, en Villa María siguen presentándose más denuncias y comenzaron a llegar las primeras a la Unidad Judicial de Delitos Económicos de las ciudades de Córdoba y Carlos Paz.
Los damnificados se organizan en grupos de WhatsApp y están contactando a diferentes estudios jurídicos. Se cuentan por centenares. Una abogada confirmó que ella patrocina a un grupo que ingresará la denuncia el 18 de abril.
El primero en presentar una en Carlos Paz, fue un hombre que colocó US$ 5.000. Hasta el viernes aún no había ingresado a la fiscalía sorteada.
La operatoria es idéntica a la que investiga la fiscal de Villa María, Juliana Companys. A los inversores les ofrecían una rentabilidad extraordinaria en dólares, más un porcentaje por cada nuevo cliente que acercaban. De ahí la denominación de estafa piramidal.
Según informó Companys, ofrecían un interés mensual del 7,5% en dólares más 20% de comisión por atraer nuevos inversores.
Explota Carlos Paz. PERFIL CÓRDOBA accedió a uno de los contratos digitales que se cargaban en la plataforma. El documento es una de las pruebas que se presentará en Carlos Paz. Ahí se ofrece un porcentaje exorbitante: 30% mensual. En esta presentación, patrocinada por el abogado Rodrigo López Messio, se indican los nombres de las personas que eran responsables de la sede en la villa serrana. “La oficina se cerró hace 10 días y no quedó nada”, precisó, y agregó: “Hay responsabilidades entrelazadas entre los líderes máximos que están detenidos y los locales, porque horas antes del cierre seguían tomando dólares”.
Desde agosto del año pasado, operaban desde una oficina improvisada en Medrano al 400. Era, en realidad, el garaje de la casa de dos de los líderes de Carlos Paz, de apellidos Altamirano y Deangelis. Se mudaron, luego, a un coqueto complejo ubicado en la intersección de José Ingenieros y Sargento Cabral, a una cuadra de la peatonal, en una de sus zonas más transitadas.
Relación con los Álvarez. La denuncia de Carlos Paz incluye a Claudio Álvarez y su madre, Silvia Fermani, ambos detenidos a disposición de Companys. Eran amigos íntimos de Altamirano y Deángelis, por lo que se convirtieron en su gente de confianza para mover el dinero.
El viernes por la noche, en Carlos Paz, hubo una reunión de más de 50 personas interesadas en conocer las alternativas que tienen por delante, sus costos y las posibilidades reales de recuperar el dinero colocado. Participaron damnificados de varias localidades de Punilla.
Residencia ilegal. Mientras se despliegan las presentaciones judiciales, en Villa María, Companys espera que el martes sea trasladado a Córdoba Leonardo Cositorto. Fue detenido a partir de la orden de captura internacional lanzada desde su fiscalía pero, además, las autoridades dominicanas resolvieron deportarlo porque su estadía en el país era ilegal, no había sido registrado por migraciones. Interpol realizará el operativo. El martes por la madrugada llegará a Ezeiza y desde ahí la comitiva viajará a Córdoba con el detenido, que será alojado en la cárcel de Bouwer de esta Capital.
A partir de la multiplicidad de sedes judiciales donde están ingresando las denuncias contra Cositorto y su séquito, se comenzó a analizar la unificación de todas las causas en la primera fiscalía que activó la investigación: Villa María. Juliana Companys, su titular, imputó hasta el viernes a 23 personas. Están todas detenidas, con excepción del exjuez porteño Héctor Luis Yrimia, quien permanece prófugo.
El viernes pasado se produjo la última aprehensión. Era la responsable del local que funcionó en el Cerro de las Rosas, Andrea Mariela Sánchez, quien oficiaba de nexo con los Álvarez de Villa María. Las imputaciones son por asociación ilícita y estafas. Por el criterio de unidad de acción del Ministerio Público Fiscal, es posible que los fiscales que intervengan en las denuncias presentadas en esta Capital y Carlos Paz realicen planteos de competencia y podrían pedir a la Fiscalía General que dé alguna directiva al respecto. Hay elementos a analizar para adoptar la decisión de unificar los expedientes, como el lugar de los hechos y los imputados.
