La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro nacional de colectivos por 24 horas para el martes 6 de mayo, en medio del estancamiento de la negociación salarial con las empresas del sector y tras el vencimiento del período de conciliación obligatoria dispuesto por el Gobierno.
La medida afectará a los servicios de corta y media distancia en todo el país desde las 00:00 de ese día, según anunció el Consejo Directivo Nacional del sindicato. "Se ha agotado el período de conciliación sin mejoras en la propuesta empresarial. Como primera medida, se resolvió un paro por 24 horas", señaló la UTA mediante un comunicado.
Durante la audiencia realizada este miércoles, las partes no lograron acordar una salida al conflicto. El gremio —representado por Roberto Fernández, Jorge Kiener, Luis Arcando y Francisco Valdez— reclama llevar el salario básico de los choferes de $1.200.000 a $1.700.000.
La propuesta más reciente de las cámaras empresarias consistió en un aumento remunerativo menor al 6%, a efectivizarse recién en junio, además de tres pagos no remunerativos: $40.000 el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. "Una falta de respeto", calificó la UTA.
Empresas sin margen y un sistema en crisis
Del lado empresarial, las cámaras advirtieron que el actual esquema de tarifas y subsidios impide otorgar mejoras salariales. Según explicó el secretario de FATAP, Gustavo Larrea, "el déficit operativo alcanza el 40%" y aseguró que las empresas "no pueden formular ninguna propuesta" por falta de recursos.
Los empresarios sostienen que el sistema se encuentra en un estado de desfinanciamiento estructural, agravado por el congelamiento tarifario vigente desde agosto en las líneas nacionales.
En este contexto, el Índice Bondi —elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA)— indica que en marzo el boleto técnico sin subsidios costaba $1.596,40, mientras que los pasajeros pagaron un mínimo de $371,13 y las empresas recibieron un promedio de $973,76 por cada viaje.
Sin avances ni intervención del Estado
Desde marzo, cuando el Estado activó la conciliación obligatoria ante la falta de avances, la UTA participó de varias audiencias sin resultados concretos. En la última reunión, los empresarios no presentaron ninguna oferta formal ante el Ministerio de Capital Humano, lo que desató el rechazo definitivo del gremio.
Durante las negociaciones, la Secretaría de Trabajo —a cargo de Guido Arocco— intentó mediar, pero no logró acercar posiciones. Desde el Gobierno nacional se sostiene que se trata de una paritaria entre privados, aunque el Estado es quien fija tanto las tarifas del transporte como el esquema de subsidios.
Por ahora, la continuidad del conflicto dependerá de si el Ejecutivo autoriza una actualización de tarifas o refuerza los subsidios, dos decisiones clave para evitar un nuevo paro que afectaría a millones de pasajeros en todo el país.
