Con un reclamo centrado en la regularización de Uber Moto trabajadores de la aplicación, se reunieron frente al Corralón municipal de la Capital para visibilizar la situación que atraviesa el sector. La protesta se produjo en medio de un escenario de creciente tensión con el municipio caítalino, luego de que, según denunciaron los manifestantes, se retomaran los controles con quita de motocicletas a quienes prestan el servicio mediante la plataforma.

En diálogo con La Unión, Omar Moya describió el eje de la preocupación de los trabajadores: "Ya comenzaron de nuevo con la quita de motos y a varios de los trabajadores de Uber Moto le quitaron el vehículo, cuando lo único que nosotros queremos es que nos dejen trabajar".

La frase resume el tono del reclamo: el pedido inmediato no se limita a una discusión normativa, sino a la posibilidad concreta de continuar con una actividad que hoy representa una fuente de ingresos para cientos de personas.

El pedido de diálogo con el municipio

Uno de los puntos más marcados por los trabajadores es la falta de respuestas directas por parte de las autoridades municipales sobre los motivos que impiden la habilitación del servicio. Moya insistió en la necesidad de una instancia de diálogo cara a cara con quienes deben tomar una decisión sobre la regulación. "Queremos hablar y que en la cara nos digan por qué no habilitan", sostuvo.

La demanda no apunta solo al Ejecutivo municipal, sino también a sectores vinculados al transporte tradicional. En ese marco, el referente de Uber Moto apuntó de manera directa a Walter Brizuela, representante de taxis y remises y reconocido por su postura contraria a las aplicaciones de transporte. Sobre ese punto, Moya fue enfático: "Queremos sentarnos y poner las cosas en claro, que lo que le dice a los medios, nos lo diga a la cara".

La referencia instala en el centro de la escena la disputa entre los nuevos sistemas de movilidad por aplicación y los sectores tradicionales del transporte, una discusión que, según surge del reclamo, aún no encuentra un canal institucional de resolución.

"Sabemos que estamos ilegales"

El trabajador en diálogo con La Unión reconoció la situación actual del servicio: "Sabemos que estamos ilegales, todo el mundo lo sabe". Sin embargo, contrapuso ese dato con lo que describió como una alta demanda social de la aplicación, especialmente en jornadas atravesadas por dificultades en el transporte público.

El trabajador señaló: "Hoy en día, ustedes pueden ver que el 70, 80% de la gente pide Uber y sobre todo hoy en día que hay paro de colectivo, por ejemplo". Ese planteo busca reforzar la idea de que, aun sin un marco regulatorio definido, el servicio ya forma parte de la dinámica cotidiana de movilidad urbana y se convierte en una alternativa especialmente utilizada en contextos de conflicto con otros medios de transporte.

El debate por el seguro

Otro de los aspectos centrales mencionados durante la protesta fue el vinculado al seguro, uno de los puntos que se sabe impidió que el Concejo Deliberante habilitara a Uber Auto. Sobre ese eje, Moya sostuvo que la situación está contemplada dentro de la propia plataforma y remarcó que la aplicación brinda cobertura tanto a los trabajadores como a los pasajeros.

Según explicó, ese respaldo figura claramente en el contrato incluido dentro de la app, lo que, a su entender, debería despejar una de las principales objeciones técnicas para avanzar en la habilitación.

Los datos técnicos remarcados por el sector sostienen que hay cobertura para los trabajadores, además de cobertura para los pasajeros y que esto está claro en el contrato incluido en la aplicación.