La Quinta Marcha Federal Universitaria concluyó con graves incidentes en las inmediaciones del Congreso, enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes y un saldo de más de 30 personas detenidas, entre ellas dos menores de edad. Lo que estaba previsto como una jornada de movilización tuvo un desenlace marcado por los episodios de violencia, la intervención de las fuerzas de seguridad y el inicio de acciones judiciales contra los involucrados.

Los incidentes comenzaron poco antes de las 16, horario en el que estaba programado el inicio del acto central de la movilización. En ese momento, un grupo de personas encapuchadas comenzó a arrojar piedras y elementos contundentes, lo que provocó la respuesta policial con gases lacrimógenos.

La situación escaló en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde los enfrentamientos alteraron el desarrollo de la concentración. Durante los disturbios, algunos manifestantes rompieron parte del mobiliario ubicado en las cercanías de la Plaza del Congreso y utilizaron esos elementos para arrojarlos contra los efectivos que se encontraban detrás del vallado.

Más de 30 detenidos: dos menores entre los arrestados

Uno de los datos centrales del operativo fue la cantidad de personas detenidas durante la jornada. De acuerdo con la información difundida, la Policía de la Ciudad arrestó a seis personas en las inmediaciones del Congreso, mientras que otras 25 fueron detenidas en cabeceras ferroviarias. En conjunto, los procedimientos dejaron un saldo superior a los 30 arrestos.

Entre las seis personas detenidas por la Policía de la Ciudad se encontraban dos menores de edad, de 14 y 17 años, además de cuatro adultos: tres hombres y una mujer.

La presencia de los dos adolescentes entre los arrestados constituye uno de los aspectos destacados del balance de los incidentes. Los procedimientos también alcanzaron a personas adultas, en un contexto en el que las fuerzas de seguridad debieron responder a las agresiones y a los daños registrados en el espacio público.

Los otros 25 arrestos se produjeron en las cabeceras ferroviarias. De esta manera, las detenciones no se limitaron al perímetro inmediato del Congreso, sino que también incluyeron operativos en esos puntos. La cifra total de arrestados se convirtió así en uno de los principales resultados de una jornada que terminó atravesada por la confrontación entre manifestantes y efectivos de seguridad.

Los gases lacrimógenos llegaron hasta el anexo de Diputados

Los efectos de la intervención policial también alcanzaron a personas que se encontraban en las inmediaciones de los enfrentamientos. Los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad llegaron hasta el anexo de la Cámara de Diputados, un edificio ubicado a una cuadra del Congreso.

En ese lugar se encontraban los legisladores Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto, quienes se vieron notablemente afectados por los gases. Moreau llegó a descomponerse y debió recibir atención del personal médico.

El episodio puso de manifiesto el alcance que tuvieron los gases durante los incidentes, cuyos efectos trascendieron el sector inmediato en el que se desarrollaban los enfrentamientos. Mientras los manifestantes arrojaban piedras, elementos contundentes y partes del mobiliario contra los efectivos ubicados detrás del vallado, la respuesta policial se extendía a las inmediaciones del edificio legislativo.

Ocho agentes heridos durante los disturbios

Además de las detenciones, el Ministerio de Seguridad informó que ocho integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante los enfrentamientos.

El balance oficial detalló la procedencia de los agentes afectados:

• Cuatro integrantes de Gendarmería Nacional.
• Dos efectivos de Prefectura Naval.
• Dos integrantes de la Policía Federal.

La distribución de los heridos muestra que los incidentes involucraron a personal de tres fuerzas de seguridad nacionales. El dato se sumó al registro de detenciones y a los daños en el mobiliario cercano a la Plaza del Congreso, elementos que integraron el balance de los disturbios.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad anunció que se encontraba trabajando en una denuncia penal contra las personas involucradas. La presentación contempla tres categorías de delitos: resistencia y atentado a la autoridad; atentado al orden constitucional; y daño agravado.

La iniciativa judicial constituye otro de los ejes de la respuesta oficial frente a los acontecimientos. Según lo informado por la cartera de Seguridad, la denuncia apunta a que los involucrados en los disturbios respondan por los hechos que se les atribuyen.

El Gobierno endureció su discurso frente a los manifestantes

Mientras se desarrollaban los enfrentamientos, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó la posición del Gobierno a través de la red social X. "Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada", manifestó.

El mensaje se inscribió en la respuesta oficial a los episodios registrados durante la movilización y puso el foco en las agresiones contra los efectivos y en la alteración del orden público.

A su vez, el Gobierno sostuvo que el derecho a manifestarse no exime a quienes participan de una protesta de responder por eventuales hechos de violencia o daños. En ese sentido, la posición oficial fue acompañada por un mensaje del presidente Javier Milei, quien se encuentra en Estados Unidos y compartió la declaración en X.

"El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley", agregó el mensaje presidencial.

La declaración reforzó la postura del Ejecutivo de avanzar judicialmente contra los involucrados en los disturbios, en un escenario en el que ya se habían registrado más de 30 detenciones y ocho agentes heridos.

Las consecuencias judiciales, en el centro del balance

El saldo de la Quinta Marcha Federal Universitaria quedó marcado por varios hechos concretos: los enfrentamientos frente al Congreso, la detención de seis personas en esa zona, los 25 arrestos en cabeceras ferroviarias, la presencia de dos menores entre los detenidos y las lesiones sufridas por integrantes de las fuerzas de seguridad.

A estos episodios se sumaron las consecuencias de los gases lacrimógenos sobre los legisladores Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto, así como la descompensación de Moreau y su posterior atención médica.

El anuncio de una denuncia penal por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado abre una nueva etapa en la respuesta institucional a los hechos. Mientras tanto, el Gobierno dejó explícita su posición mediante los mensajes de Alejandra Monteoliva y Javier Milei, con un énfasis particular en la responsabilidad judicial de quienes hayan agredido a efectivos, destruido bienes públicos o cometido delitos.