El conflicto del Hospital Garrahan expuso un problema estructural del sistema de salud argentino. La sobrecarga en los hospitales públicos, la desorganización entre niveles de gobierno y la falta de reformas de fondo agravan la crisis sanitaria en todo el país.
El nosocomio pediátrico volvió a ser noticia, pero su situación no es un caso aislado. La crisis que atraviesa este emblema de la salud pediátrica es apenas una muestra del deterioro generalizado que afecta a los hospitales públicos de todo el país. El sistema de salud argentino combina modelos públicos, privados y de seguros sociales de forma desarticulada, lo que genera ineficiencias y una carga desmedida sobre el sector estatal.
Además de la fragmentación estructural, existe una superposición de funciones entre Nación, provincias y municipios. Aunque la Constitución otorga a las provincias la responsabilidad primaria en materia sanitaria, en la práctica los tres niveles intervienen en forma redundante. Mientras las provincias gestionan hospitales y contratan personal, muchas delegan a los municipios la atención primaria. En paralelo, el Ministerio de Salud nacional asume funciones operativas —como financiar hospitales o distribuir medicamentos— que no le corresponden.
El peso recae sobre los hospitales públicos
En este contexto, los hospitales públicos terminan atendiendo no sólo a quienes no tienen cobertura médica, sino también a personas con obra social o prepaga. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 32% de la población no cuenta con cobertura de salud, pero los hospitales públicos también reciben a muchos del 68% restante, lo que sobrecarga aún más el sistema.
A pesar de que Argentina destina cerca del 10% del PBI al sector salud, las condiciones laborales y la calidad del servicio siguen siendo deficientes. Parte del problema radica en que millones de personas con empleo precario acceden a obras sociales de baja calidad —como ocurre con los monotributistas— y terminan recurriendo al sistema público.
A esto se suman problemas estructurales como la alta informalidad laboral, la fragmentación del sistema de obras sociales y una cobertura médica obligatoria que resulta financieramente insostenible para prestadores con escasos aportes.
Deficiencias internas
Pero no toda la responsabilidad está fuera de los hospitales. Muchos de ellos operan con fallas internas graves: no identifican a los pacientes con cobertura y, por lo tanto, no pueden recuperar los costos de atención. También hay escasez de insumos por mala gestión de inventarios, déficits en los seguimientos clínicos por falta de registros sistemáticos, y escaso control del presentismo o la calidad del servicio brindado.
¿Cómo revertir la crisis?
Expertos coinciden en que no se trata simplemente de asignar más presupuesto, sino de reordenar el sistema. Una propuesta concreta es otorgar personería jurídica a los hospitales públicos para permitirles una gestión descentralizada. El Garrahan, que ya opera bajo esta modalidad, podría funcionar aún mejor si dejara de depender políticamente del gobierno nacional.
También se plantea reformar el esquema de financiamiento. En lugar de asignar recursos fijos, se sugiere crear seguros públicos provinciales que paguen a los hospitales por cada prestación realizada, ajustando el monto según el perfil epidemiológico de cada paciente.
Finalmente, el sistema de salud público debería enfocarse en resultados: evaluar desempeño, premiar la eficiencia y garantizar una atención de calidad.
La crisis hospitalaria en Argentina no se resuelve con parches. Requiere una transformación profunda que articule políticas, recursos y gestión para que la salud pública deje de ser la variable de ajuste.