El oficialismo, liderado por La Libertad Avanza, intenta frenar en el Senado la reforma previsional aprobada en Diputados para evitar forzar al presidente Javier Milei a un veto que podría resultar políticamente costoso en medio del año electoral.
La vicepresidenta Victoria Villarruel mantiene el Senado prácticamente paralizado. Desde el bloque libertario anticiparon que sólo habilitarán el debate en comisión, con audiencias informativas, postergando las definiciones hasta agosto. Esta estrategia busca contener el avance legislativo mientras se acercan las elecciones que renovarán ambas cámaras del Congreso.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la postura oficialista al calificar como "calamitoso" el estado del sistema previsional que recibió Milei al asumir en 2023. Según Francos, "hay más jubilaciones otorgadas con moratoria que con aportes, en una proporción de 2 a 1", lo que vuelve al sistema "deficitario e inviable". El costo fiscal de la reforma, estimado en un 0,8% del PBI, alimenta las objeciones del Ejecutivo.
La oposición avanza con la reforma y la emergencia en discapacidad
Pese a las trabas oficialistas, la oposición insiste en tratar la reforma previsional y la emergencia en discapacidad. Unión por la Patria, principal bloque opositor, considera "urgente" discutir el aumento de las jubilaciones y del bono para los haberes mínimos.
Carlos Linares, senador de UxP, sostuvo que "es inevitable tratar ese tema por la importancia de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad". Desde la UCR también anticiparon apoyo parcial: "Voy a acompañar ambos proyectos, el de jubilados y la emergencia en Discapacidad. Pero tengo mis dudas sobre otros temas, como la moratoria", aclaró Pato Blanco, senador fueguino.
En Diputados, la reforma previsional fue aprobada el 5 de junio con 142 votos afirmativos. Incluye un incremento excepcional del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones, y eleva el bono mínimo de $70.000 a $110.000, congelado desde diciembre de 2023.
Claves fiscales y políticas detrás del debate previsional
Más allá del impacto social, el Gobierno advierte sobre el costo fiscal de la reforma. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la prórroga por dos años de la moratoria previsional podría implicar un gasto de entre 0,081% y 0,084% del PBI anual, con más de 441.000 nuevas altas de jubilados.
Para calmar temores libertarios, Nicolás Massot (Encuentro Federal) incluyó en el proyecto posibles fuentes de financiamiento, como el ahorro derivado de la eliminación de recargos del FMI o la reasignación de partidas originalmente destinadas a la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
Emergencia en discapacidad: otro punto caliente en la agenda
La emergencia en discapacidad, aprobada en Diputados con 148 votos positivos, también aparece en el radar. Se extendería hasta fines de 2027 y contempla financiamiento para pensiones no contributivas, fortalecimiento de prestadores y mecanismos simplificados para regularizar deudas tributarias de las entidades vinculadas a la discapacidad.
Stefanía Cora, senadora de Unión por la Patria y nueva presidenta de la Comisión de Población, anticipó que el enfoque será "pensar a las personas con discapacidad desde el enfoque de sus derechos".
Un debate que marca la agenda electoral
La reforma previsional y la emergencia en discapacidad se convirtieron en piezas clave de la agenda política. Su avance podría obligar a Javier Milei a definir un veto presidencial en pleno calendario electoral, escenario que el oficialismo intenta evitar a toda costa. Mientras tanto, la oposición busca acelerar el tratamiento legislativo y exponer el costo político de frenar mejoras en los haberes de los jubilados y en derechos para personas con discapacidad.
La pulseada en el Senado, lejos de resolverse, promete mantener en vilo tanto al Congreso como a la Casa Rosada en las próximas semanas.
