La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) avanzó con una nueva serie de acciones judiciales en el marco de su política de control sobre el uso de prestaciones y medicamentos. A través de su equipo legal, el organismo presentó cuatro nuevas denuncias penales ante Fiscalía General, tras detectar irregularidades vinculadas tanto al consumo de fármacos como al accionar de afiliados.
Estas presentaciones se suman a las nueve denuncias penales realizadas el mes pasado por casos de características similares, lo que configura una continuidad en la estrategia de supervisión y auditoría impulsada por la institución. El objetivo central de estas medidas es resguardar el patrimonio del organismo y garantizar la transparencia en el acceso a las coberturas de salud.
El rol clave de la aplicación OSEP Móvil
Dos de las denuncias recientes se originaron a partir de alertas generadas por los propios afiliados mediante el uso de la aplicación OSEP Móvil Catamarca, una herramienta que ha adquirido relevancia en el sistema de control temprano implementado por la obra social.
La incorporación de la función de historial de medicamentos, que permite a los usuarios visualizar qué fármacos fueron adquiridos y quién los prescribió, resultó determinante para detectar inconsistencias. Gracias a esta funcionalidad, se identificaron situaciones en las que el registro de prestaciones no coincidía con la realidad de los afiliados.
Entre los casos denunciados se destacan:
- Una afiliada detectó la compra de medicamentos a su nombre que nunca solicitó ni recibió, lo que sugiere un uso indebido de su identidad dentro del sistema.
- Un beneficiario advirtió el consumo de fármacos vinculados a patologías que no padece, lo que evidencia la utilización irregular de su número de afiliado.
Estos hallazgos reflejan la importancia de las herramientas digitales en la detección de irregularidades y en la posibilidad de que los propios usuarios ejerzan un control activo sobre sus prestaciones.
Falsificación de documentación médica
Además de los casos detectados a partir de la aplicación, la asesoría legal de OSEP avanzó con dos denuncias penales contra afiliados por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la falsificación de documentación.
En uno de los casos, se denunció a una afiliada por la presunta falsificación de la firma y el sello de un profesional médico con el objetivo de emitir recetas de insulina. Según se constató, la paciente contaba con el stock necesario para su tratamiento, pero habría continuado retirando el insumo mediante documentación apócrifa.
En otro caso, la denuncia apunta a una afiliada que habría falsificado fechas y resultados de análisis bioquímicos, además de fichas médicas, con el propósito de acceder de manera irregular a la cobertura del Plan de Diabetes.
Estos episodios ponen en evidencia prácticas que afectan directamente la integridad del sistema y que motivaron la intervención judicial.
Un esquema de control integral
Las nuevas denuncias se inscriben dentro de una política más amplia de control estricto que OSEP viene implementando. Este enfoque no solo apunta a supervisar el accionar de los prestadores de salud, sino también a establecer límites claros para los beneficiarios del sistema.
Desde la obra social se remarcó que la sostenibilidad del sistema depende del compromiso de todos los actores involucrados. En este sentido, las acciones judiciales buscan no solo sancionar conductas irregulares, sino también prevenir futuros abusos mediante un esquema de auditoría técnica y legal permanente.
Entre los ejes principales de esta política se destacan:
- Monitoreo del consumo de medicamentos
- Verificación de prescripciones médicas
- Control de documentación presentada por afiliados
- Intervención legal ante irregularidades detectadas
Llamado al uso responsable de las prestaciones
OSEP reiteró la importancia de que los afiliados hagan un uso responsable de las coberturas, subrayando que el sistema de salud depende del correcto funcionamiento de todos sus componentes.
En ese marco, el organismo advirtió que continuará fortaleciendo los mecanismos de control y auditoría para prevenir cualquier hecho que atente contra la calidad del servicio. La detección de irregularidades, tanto a través de herramientas tecnológicas como de investigaciones internas, se presenta como un elemento central para garantizar la transparencia.