Las escuelas de todo el país enfrentarán el próximo lunes 3 de agosto un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), como parte de un conflicto que vuelve a profundizarse entre los sindicatos docentes y el Gobierno nacional.
La medida de fuerza fue definida por el congreso de CTERA luego de rechazar la decisión del Poder Ejecutivo de no convocar a la Paritaria Nacional Docente, instancia que el sindicato considera el ámbito previsto por la legislación vigente para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa.
Según la organización sindical, la falta de convocatoria mantiene estancado el sueldo mínimo docente en 500 mil pesos durante el último año, situación que, de acuerdo con su planteo, profundizó un escenario de tensión que había disminuido durante la tregua impuesta por el Mundial de Fútbol.
Los reclamos que impulsan la medida de fuerza
La decisión de realizar un paro nacional de 24 horas responde, según expresó CTERA, a la denuncia de un "ajuste en la educación que impulsa el gobierno nacional".
Entre los principales reclamos planteados por el sindicato se encuentran:
- Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.
- Aumento salarial.
- Restitución y pago inmediato del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
- Sanción de una nueva ley de financiamiento educativo.
- Rechazo a una posible reforma jubilatoria.
- Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno.
- Mayor inversión en infraestructura escolar.
- Fortalecimiento de los comedores escolares.
- Incremento de las becas educativas.
- Mejoras en conectividad.
- Mayor financiamiento para programas socioeducativos.
Además, la organización sostiene que existe un desfinanciamiento del sistema educativo, denuncia una pérdida del poder adquisitivo de los docentes y afirma que persiste el incumplimiento en la restitución de fondos nacionales destinados a la educación, entre ellos el FONID.
La respuesta del Gobierno y la aplicación de la Ley 27.802
Ante la convocatoria al paro, el Ministerio de Capital Humano, a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, recordó que se encuentra plenamente vigente la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, normativa que declara a la educación como servicio esencial.
De acuerdo con el artículo 101 de esa ley, durante las medidas de acción directa, como las huelgas, las organizaciones sindicales tienen la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo.
En un comunicado oficial, la cartera encabezada por Capital Humano sostuvo que la normativa garantiza el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad, con el objetivo de evitar una interrupción total de las actividades escolares.
El texto oficial señala además que esta disposición busca resguardar "el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles" y advierte que el incumplimiento de esta obligación por parte de las entidades sindicales será sancionado "por los medios legales aplicables".
La Ley 27.802, incorporada como parte de la reforma laboral aprobada por el Congreso, constituye el principal argumento del Gobierno para exigir que los sindicatos aseguren la continuidad del servicio educativo incluso durante las medidas de fuerza. Según la postura oficial, esta exigencia responde al objetivo de proteger la educación como un derecho esencial para los estudiantes.
La estrategia de la CGT: plan de lucha sin paro
En paralelo al paro convocado por CTERA, los gremios educativos que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) pondrán en marcha ese mismo lunes un plan de lucha que, a diferencia de la convocatoria nacional, no incluirá huelgas.
La estrategia adoptada contempla distintas acciones de protesta y visibilización del conflicto educativo, entre ellas:
- Trabajo a reglamento.
- Clases informativas dirigidas a los alumnos sobre la crisis educativa.
- "Semaforazos" en esquinas.
- Volanteadas en distintos puntos del país.
- Movilización de cierre ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.
La decisión fue adoptada por la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, encabezada por Sergio Romero, representante de la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Desde ese sector sindical se evaluó que el actual marco legal representa un riesgo para los docentes que adhieran a una huelga total, motivo por el cual se resolvió avanzar con un esquema de protesta que excluye el paro como herramienta de acción.
Las características del plan de lucha y los fundamentos de las medidas serán presentados oficialmente durante una conferencia de prensa prevista para el lunes a las 14, en la sede de Azopardo 802, donde Sergio Romero expondrá las razones de la protesta.
Un escenario de creciente tensión
El conflicto entre el Gobierno nacional y los sindicatos docentes atraviesa una nueva etapa de confrontación. Por un lado, CTERA insiste en la necesidad de reabrir la discusión salarial, restituir fondos destinados a la educación y ampliar la inversión en el sistema educativo. Por otro, el Gobierno nacional sostiene la vigencia de la Ley 27.802, que establece la obligación de garantizar un funcionamiento mínimo del servicio durante las medidas de fuerza y advierte sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento.
Mientras tanto, los gremios educativos de la CGT desarrollarán un camino diferente, basado en acciones de protesta sin huelgas, aunque igualmente orientado a visibilizar la crisis educativa y los reclamos del sector.
De este modo, el lunes 3 de agosto marcará una nueva jornada de alta tensión para el sistema educativo argentino, con dos estrategias sindicales distintas, reclamos coincidentes en materia educativa y una respuesta oficial apoyada en la legislación vigente para exigir la continuidad del servicio en las escuelas.