El caso de la abogada argentina Agostina Páez, que permaneció más de dos meses retenida en Brasil acusada de racismo, volvió a generar repercusiones tras la difusión de un video de su padre replicando el gesto que originó la causa judicial.
La grabación, difundida por medios locales, fue registrada en un bar de Santiago del Estero durante una celebración por el regreso de la joven a la provincia. En las imágenes se observa a Mariano Páez realizando el gesto de mono que derivó en la imputación de su hija por injuria racial en Río de Janeiro.
El retorno de la abogada al país se concretó el miércoles por la tarde luego de que su familia pagara una fianza de 20.000 dólares impuesta por las autoridades brasileñas. En el video, el hombre aparece junto a su pareja y otras personas, riéndose mientras imita el gesto. También afirma haber aportado 18.000 dólares del monto total y critica al Estado argentino por no haber brindado ayuda económica. Posteriormente, consultado por la agencia NA, aseguró que la filmación "está trucada" y negó ser la persona que aparece en las imágenes.
La joven regresó a la Argentina junto a su equipo legal, incluida su defensora Carla Junqueira, y arribó alrededor de las 19.20 al Aeroparque Jorge Newbery. En su primer contacto con la prensa expresó alivio y emoción por volver al país. "Se terminó esta pesadilla. Me arrepiento de haber reaccionado mal, a pesar del contexto", afirmó, y aseguró que pidió disculpas al mesero involucrado en el hecho.
Cómo sigue la causa
El regreso fue posible luego de que la justicia brasileña le otorgara un hábeas corpus para esperar la resolución final en Argentina. El proceso judicial comenzó a mediados de enero tras la denuncia por injuria racial en Río de Janeiro, delito que contempla penas de dos a cinco años de prisión.
En la última audiencia, el tribunal unificó los cargos y la acusación solicitó la pena mínima de dos años. La defensa pidió que Páez pueda cumplir tareas comunitarias desde Santiago del Estero, propuesta avalada por la querella y la fiscalía.
Ahora, la jueza de la causa deberá decidir si homologa el acuerdo, lo que podría derivar en una condena de dos años con medidas alternativas como trabajos comunitarios, cursos obligatorios o el pago de una multa. El veredicto podría conocerse en un plazo de 15 a 20 días, mientras la joven permanece en el país bajo las condiciones que establezca la cooperación judicial internacional.