La falta de vacantes para niñas, niños y adolescentes con discapacidad continúa siendo un problema persistente y sin soluciones estructurales en Catamarca. A pesar de la existencia de un amplio marco normativo nacional e internacional que garantiza el derecho a una educación inclusiva, numerosas familias siguen enfrentando negativas por parte de establecimientos educativos, que argumentan tener el "cupo de integración completo" o carecer de personal y condiciones edilicias adecuadas.
La situación motivó la presentación de una nota formal ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia, a cargo del ministro Nicolás Rosales, por parte de la diputada provincial Natalia Herrera, quien solicitó una intervención inmediata del Estado para revertir una realidad que vulnera derechos fundamentales y profundiza la desigualdad.
La presentación, ingresada este miércoles, expone la gravedad del escenario que atraviesan muchas familias catamarqueñas. En el documento, la legisladora advierte que, pese a contar con legislación vigente en materia de discapacidad e inclusión educativa, "persisten múltiples barreras que impiden el pleno ejercicio del derecho constitucional a la educación".
Entre los principales reclamos, Herrera señala que son reiteradas las denuncias de escuelas que se niegan a otorgar vacantes a estudiantes con discapacidad, bajo el argumento de haber alcanzado el cupo máximo de alumnos integrados o por no disponer de infraestructura adecuada, personal docente capacitado ni recursos administrativos suficientes para brindar los apoyos necesarios.
A este problema estructural se suma, además, la imposibilidad económica de muchas familias de afrontar el costo de maestras o maestros integradores, un recurso que —según subraya la nota— debería ser garantizado por el Estado cuando sea necesario para asegurar una inclusión efectiva y real en el sistema educativo.
En el mismo sentido, la diputada remarca la urgente necesidad de que las instituciones educativas cuenten con gabinetes psicopedagógicos permanentes, que permitan un acompañamiento profesional, sostenido y adecuado para estudiantes que requieren apoyos específicos. La ausencia de estos dispositivos no solo afecta la trayectoria escolar de niñas y niños con discapacidad, sino que también debilita la calidad educativa en general.
"La inclusión no puede ser solo una declaración, debe ser una realidad en cada aula", expresó Herrera al fundamentar su presentación. "Esto no solo vulnera derechos básicos, sino que también genera angustia, incertidumbre y desigualdad en las familias. Cada niño merece aprender, crecer y ser parte", sostuvo.
Desde una mirada más amplia, la legisladora advierte que esta problemática evidencia el incumplimiento de normativas nacionales e internacionales, así como la falta de políticas públicas efectivas que garanticen igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia dentro del sistema educativo.
"Insto a que se actúe de manera inmediata para revertir esta injusta realidad que afecta directamente el derecho a la inclusión y a una educación digna para tantos niños y niñas de nuestra provincia", expresó en el cierre de la nota presentada al Ministerio.
El reclamo vuelve a poner en agenda una deuda estructural del sistema educativo provincial: la distancia entre lo que establecen las leyes y lo que ocurre cotidianamente en las escuelas. Mientras tanto, decenas de familias continúan esperando respuestas concretas y soluciones reales que permitan a sus hijos e hijas ejercer plenamente un derecho básico.