Las universidades públicas de todo el país realizarán un paro por 72 horas a partir del miércoles, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el pasado 21 de octubre, pero aún sin partida presupuestaria para su ejecución.
La medida fue acordada por los principales gremios docentes y acompañada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), que advierte sobre una situación crítica en la educación superior producto del ajuste presupuestario, la falta de recomposición salarial y el incumplimiento de la norma.
"La ley debe aplicarse, sin más demora. Es anticonstitucional no hacerlo", advirtieron desde los gremios universitarios, que sostienen que el Gobierno nacional "incurre en un incumplimiento grave" al no garantizar los fondos previstos.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en dos oportunidades, contempla una actualización salarial para el personal docente y no docente, así como un incremento general en los recursos destinados al funcionamiento de las casas de estudio. Sin embargo, a casi un mes de su promulgación, la administración del presidente Javier Milei aún no dispuso los recursos necesarios para su implementación.
"Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión, que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales", afirmó Pilar Barbas, secretaria general de la FUA.
El conflicto universitario se enmarca en un contexto de reiteradas movilizaciones y reclamos por el financiamiento del sistema público. Durante los últimos meses, se realizaron tres marchas federales masivas en defensa de la universidad pública, pero los gremios denuncian que "el Gobierno sigue sin escuchar".
Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), su secretaria general Ileana Celoto fue contundente:
"La ley debe aplicarse, no solamente porque es ley, sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy, de acuerdo a lo que estipula la ley, a nosotros nos deben un 44 por ciento de aumento. Ya es una deuda, no un reclamo".
Los sindicatos señalan que la falta de aplicación del aumento salarial acordado implica una pérdida de poder adquisitivo que ronda el 50% en algunos sectores docentes, y que el deterioro presupuestario "pone en riesgo el funcionamiento mismo de las universidades nacionales".
La convocatoria al paro se da en medio de una fuerte tensión entre el Gobierno nacional y las instituciones educativas. Según fuentes gremiales, el objetivo de la medida es visibilizar la gravedad del incumplimiento y exigir una respuesta inmediata del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Educación.
Las universidades prevén mantener las actividades esenciales, como guardias administrativas y tareas de investigación en curso, pero suspenderán clases y actos académicos durante las 72 horas de protesta. Además, se realizarán asambleas, clases públicas y manifestaciones en distintos puntos del país, con epicentro en Plaza de Mayo y en las principales plazas universitarias del interior.
"Este no es un reclamo sectorial, es una defensa del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad", remarcan desde los gremios docentes, que anticipan que, si no hay respuesta, podrían profundizar las medidas de fuerza antes del cierre del ciclo lectivo.