Cuatro empresas de transporte público de pasajeros anunciaron la suspensión total de sus servicios a partir de este lunes, una medida que se asemeja a la tomada en la vecina provincia de Tucumán hace solo unas semanas. Según lo marcado por el comunicado oficial de las patronales, esto es a consecutivos de la reducción de frecuencias y así se pone en evidencia la crisis del sector que, según advierten, se volvió "insostenible". Las firmas Cooperativa San Fernando, La Rubi S.R.L., Líneas GM S.R.L. y El Nene S.R.L. comunicaron que ya no cuentan con los recursos mínimos para continuar operando y que la prestación quedará detenida por tiempo indeterminado.

El anuncio describe un escenario de inviabilidad económica que, afirman, se agravó durante el último año. Según detallan, la combinación de tarifas congeladas, subsidios desactualizados y un aumento constante en el costo operativo provocó una situación de pérdidas acumuladas que les impide seguir garantizando el servicio básico.

Tarifas congeladas y subsidios insuficientes

En su declaración, las empresas remarcaron que las tarifas vigentes, así como los subsidios otorgados por el Estado, permanecen sin actualización "desde hace un año y tres meses". Ese congelamiento, explicaron, desfasó la ecuación económica del sector, ya que los costos vinculados a combustible, mantenimiento de unidades, seguro, personal y repuestos aumentaron de manera sostenida durante el mismo período.

Las prestatarias sostienen que esta desactualización no solo deja al sistema sin margen financiero, sino que obliga a las compañías privadas a sostener de manera artificial una actividad que genera "pérdidas sostenidas e irreversibles". El comunicado advierte que las empresas vienen operando "en condición económica crítica", lo que las condujo a una situación de virtual quiebre operativo.

Sin respuesta del gobierno provincial

Otro de los puntos centrales del reclamo apunta a la falta de diálogo y de medidas concretas por parte de las autoridades provinciales. Según denunciaron, los pedidos formales de actualización tarifaria y compensación económica no obtuvieron ningún tipo de respuesta: "la única contestación oficial ha sido el silencio", indicaron.

Para las empresas, esta ausencia de definición política agrava aún más una crisis que ya venía profundizándose y deja a los operadores sin herramientas para revertir el colapso financiero. Advirtieron además que la responsabilidad última de garantizar el transporte público recae en el Estado, no en prestadores que ya no pueden hacer frente a los costos mínimos de funcionamiento.

Reducción y suspensión total del servicio

La interrupción de la actividad se implementó en dos etapas. La primera correspondió a una reducción de frecuencias que se aplicó entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre, como una medida de emergencia para estirar los recursos disponibles y advertir sobre la situación crítica del sector. Sin embargo, pese al recorte de recorridos, las compañías afirmaron que la continuidad seguía siendo inviable.

La segunda etapa, anunciada este lunes, implica la suspensión total del servicio. Desde hoy no circularán colectivos pertenecientes a ninguna de las cuatro empresas, y la medida regirá hasta que exista una solución económica que permita recomponer el funcionamiento del sistema.

En el cierre del comunicado, las firmas lamentaron las consecuencias que esta decisión generará en miles de usuarios, pero insistieron en que la paralización es la única alternativa posible ante la imposibilidad material de sostener la prestación. También remarcaron que queda en manos de las autoridades gubernamentales definir los pasos a seguir para restablecer el servicio público.