En la planta de neumáticos Fate, ubicada en la localidad de San Fernando, el cierre abrupto de las instalaciones y la posterior conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo han configurado un escenario de máxima tensión social y laboral. Los 920 trabajadores afectados por la medida empresarial se encuentran hoy frente a una encrucijada que combina la parálisis productiva con una profunda angustia personal. En este contexto, la voz de los protagonistas emerge para dar cuenta de una realidad que trasciende los expedientes administrativos y se instala en la urgencia de la subsistencia diaria.

Sergio Pons, operario de la fábrica con años de trayectoria, expresó en diálogo exclusivo con el canal de streaming Infobae en vivo el pedido unánime del personal. Para los empleados, la medida legal no debe ser una mera postergación formal del conflicto, sino una herramienta de protección efectiva. Pons fue categórico al señalar que, si se establece la conciliación, esta debe ser con toda la gente adentro y con la planta en funcionamiento, enfatizando que no desean regresar al día siguiente para encontrarse con la misma historia de persianas bajas y falta de respuestas.

El impacto del cierre sorpresivo y la respuesta gremial

La jornada en la que se anunció el cese de actividades fue descrita por los operarios como un golpe imprevisto y desleal. Según relató Pons al equipo periodístico integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, la noticia llegó de forma precaria a través de mensajes que circularon entre los compañeros de guardia durante la madrugada. La sorpresa fue total debido a que, incluso durante los feriados de carnaval, el personal había sido convocado para realizar tareas de mantenimiento de maquinaria y horas extras, lo que sugería una normalidad operativa que fue desmentida de forma abrupta.

La cronología de los hechos revela que, a las dos y media de la mañana, la jefatura ordenó a la guardia retirarse bajo la consigna de que la empresa cerraba sus puertas. Al llegar el turno matutino, los empleados se toparon con una imagen que remite a los peores momentos de la crisis industrial: candados colocados y cadenas puestas en todos los accesos. Los trabajadores, que hasta el día anterior pensaban que solo existía una baja transitoria en la producción, se encontraron de pronto frente a un bloqueo físico que les impedía acceder a sus puestos de trabajo.

Precariedad salarial y el fantasma de los años noventa

La situación económica de los empleados de Fate suma una presión insostenible a la crisis institucional. Sergio Pons desestimó los argumentos que intentan responsabilizar al costo laboral por la caída de la empresa, aportando datos técnicos sobre la realidad del sector. Los trabajadores llevan 14 meses sin percibir aumentos salariales, cobrando actualmente un promedio de un millón y medio de pesos por una carga horaria de seis días a la semana y jornadas de ocho horas diarias.

El operario remarcó que el año pasado la compañía ya había intentado impulsar un proceso preventivo de crisis, pero el Ministerio de Trabajo lo rechazó al considerar que no se podían justificar pérdidas reales. Este antecedente alimenta el miedo a que el cierre sea una estrategia para precarizar aún más las condiciones o simplemente achicar la estructura de manera irregular. Para muchos, el temor es convertirse en conductores de aplicaciones de transporte, una salida que Pons comparó con la proliferación de remiserías en la década de 1990, calificándola como un remedio temporal que no soluciona el problema de fondo.

El cruce entre el poder económico y la política nacional

El conflicto se desarrolla además en medio de un fuerte cruce de acusaciones entre el gobierno de Javier Milei y el dueño de la firma, Javier Madanes Quintanilla. No obstante, para los operarios que dependen de su quincena, esta disputa política resulta secundaria frente a la urgencia de sus fuentes de ingreso. Pons fue contundente al señalar que el enfrentamiento entre el Presidente y el empresario no afecta el patrimonio de ninguno de los dos, mientras que los trabajadores son los únicos perjudicados directos de la parálisis.

El reclamo gremial subraya la disparidad entre la situación de los empleados y la solidez económica del grupo empresario. Se recordó que Madanes posee una fortuna estimada en 1.500 millones de dólares, con inversiones diversificadas en Aluar y energía eólica, capitales que los trabajadores consideran fruto del esfuerzo histórico realizado en la planta de Fate. Ante este panorama, la exigencia hacia la conciliación obligatoria es clara: garantizar soluciones estructurales y, en caso de que la empresa insista en su falta de rentabilidad, Pons lanzó una propuesta audaz: que se entregue la fábrica a los trabajadores para que ellos mismos demuestren cómo hacerla funcionar.