En febrero de este año la Justica Federal hizo lugar a un recurso de amparo presentado por Andrea Elizabeth Castillo, mamá de Máximo Sampayo, un niño con múltiples patologías y electrodependiente. Según el fallo la empresa de Energía de Catamarca EC Sapem debía proveer en un plazo de 10 días de un grupo electrógeno o fuente alternativa de energía capaz de asegurar el servicio eléctrico permanente en los niveles de tensión adecuados. A esto se tenía que sumar los UPS ya provistos y de esta manera cubrir las necesidades del menor de edad.
Pasaron mucho más de diez días y la empresa distribuidora no solo que no cumplió, sino que apeló por segunda vez, por lo que el niño sigue sin contar con el equipamiento que es fundamental para su calidad de vida. Según declaró la Dra. Paula Zelarrayán, abogada de la familia de Máximo, el recurso interpuesto por la distribuidora es porque lo solicitado “es un perjuicio” y que debería ser el Estado provincial el que debe responder por la situación del niño.
En vista de que el reclamo se sigue dilatando y que lo que está en juego es la salud de Máximo, este jueves la diputada Silvana Carrizo visitó a la familia del niño de 11 años en compañía de la abogada Zelarayán. Según comentó la legisladora, el encuentro tuvo como fin ponerse a disposición con el compromiso de continuar gestionando y "llegar hasta las últimas consecuencias para que EC Sapem cumpla lo dispuesto por la ley".
El reclamo de la madre de menor, recordemos, se realiza en el marco de Ley de Electrodependientes, la cual establece que, en este caso Máximo tiene derecho a un servicio eléctrico estable que satisfaga sus necesidades médicas dentro de su hogar. En función de las apelaciones, la empresa se negó a entregar el grupo electrógeno, aduciendo que cumplen con su obligación al dar el UPS.
Zelarayán, en tanto, repudió la demora judicial marcando "el proceso una vez más es dilatado y restrictivo, evidenciando la indiferencia de Ec Sapem, pese que tanto el Juzgado en primera instancia como la Cámara de Apelaciones dieron fuertes argumentos en favor de Máximo y la interpretación de la ley en el sentido de reconocer su pretensión".
En este punto tanto la diputada como la abogada de la familia coincidieron en que "la falencia de la Justicia radica en la demora de resolver estos tipos de casos, pero destacan los argumentos de las sentencias que hacen prevalecer el derecho a la vida, a la salud, los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las personas con discapacidad. Esta es la justicia que queremos, la que protege a los catamarqueños".
"La falta de compromiso de la empresa de suministrar la energía y la indiferencia hacia la situación de hipervulnerabilidad de estas personas, que pone en riesgo la vida de las personas electrodependientes y vulnera sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la salud, demuestran la necesidad de una regulación y fiscalización más estricta por parte del Estado para garantizar la protección integral de los derechos de las personas electrodependientes" sostuvo Carrizo.
