En una resolución que marca un precedente sobre el cumplimiento de penas de figuras de alto perfil político, la Cámara Federal de Casación Penal ha decidido rechazar los recursos interpuestos por la defensa de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con esta firma, el máximo tribunal penal del país deja firmes las estrictas condiciones de su arresto domiciliario, incluyendo el uso de la tobillera electrónica y un riguroso control sobre quiénes ingresan a su residencia.

La decisión fue tomada por la Sala IV, integrada por los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El fallo no solo es un golpe judicial para la exmandataria, sino que envía un mensaje claro sobre la naturaleza de la prisión domiciliaria: no es una libertad atenuada, sino una forma excepcional de encierro que exige supervisión constante.

El debate por la "desnaturalización" del arresto

El núcleo del conflicto legal que llegó a Casación se originó a finales de 2025. En aquel entonces, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) endureció las condiciones de detención luego de detectar que la exvicepresidenta mantenía reuniones políticas masivas en su domicilio de la calle San José, en el barrio de Constitución. En una ocasión particular, recibió a nueve economistas de forma simultánea sin dar aviso previo a las autoridades judiciales.

Ante este escenario, el juez Hornos fue tajante en su voto actual: la prisión domiciliaria debe cumplir con los fines de la ejecución de la pena. Según el magistrado, permitir reuniones políticas de gran escala o el libre tránsito dentro de las áreas comunes del edificio "desnaturaliza" la condena de seis años por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Las restricciones que quedan firmes

A partir de este fallo, la rutina de Cristina Kirchner seguirá bajo un esquema de control que la defensa ha calificado de "humillante e innecesario", pero que la justicia considera "proporcional":

Monitoreo Electrónico: La tobillera electrónica seguirá adherida a la condenada de forma permanente. La defensa argumentaba que, debido a su edad y su perfil público, no existía riesgo de fuga que justificara el dispositivo. Sin embargo, Casación ratificó que el GPS es el único medio técnico fiable para asegurar que la detenida permanezca dentro del perímetro asignado.

Protocolo de Visitas: Se mantiene el límite de un máximo de tres personas por encuentro. Además, solo se permiten dos jornadas de visitas por semana, con una duración máxima de dos horas cada una. Cualquier persona que no sea parte de su círculo familiar directo, su equipo de defensa legal o personal médico, debe ser autorizada individualmente por el tribunal con antelación.

Limitación de Espacios: El acceso a la terraza del edificio, un punto de fricción constante en las últimas apelaciones, quedó restringido a solo dos horas diarias durante el día. La justicia busca evitar que el espacio común sea utilizado como un centro de operaciones políticas o de exposición mediática.

Impacto político y judicial

La defensa de la exmandataria ha denunciado que estas medidas constituyen una "persecución remanente" y que vulneran derechos constitucionales básicos. Argumentan que la rigurosidad aplicada a Kirchner no se observa en otros condenados con prisión domiciliaria por delitos similares.

No obstante, desde la fiscalía se sostiene que la relevancia pública de la condenada exige un celo mayor. El temor de la justicia no es solo una potencial fuga física, sino la capacidad de interferir con la ejecución de la sentencia mediante el ejercicio de poder político desde el lugar de detención.

Con este fallo, se cierran casi todas las vías ordinarias de apelación para flexibilizar la condena. A Cristina Kirchner solo le queda el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, un camino largo y con pocas probabilidades de éxito inmediato dada la contundencia de los argumentos presentados hoy por la Cámara de Casación.

En las afueras de su domicilio, el clima es de tensa calma. Mientras sus seguidores denuncian un "asedio judicial", los tribunales de Comodoro Py parecen haber decidido que, en 2026, la ley debe aplicarse con la misma vara técnica para todos, sin importar el peso de los apellidos involucrados.