La Justicia federal puso bajo la lupa una compleja trama financiera que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según las líneas de investigación actuales, se sospecha que al menos US$50 millones generados por la actividad de la Selección Argentina en el exterior habrían sido desviados, omitiendo su destino final reglamentario: el fortalecimiento de los clubes locales.
El expediente es instruido por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con la intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona. Ambos reconstruyen un flujo de fondos que habría transitado por diversas sociedades radicadas fuera del país, firmas que —según los investigadores— no poseen una actividad económica clara que justifique los movimientos millonarios detectados.
La hipótesis central es que una parte sustancial de los ingresos obtenidos por la Selección en el mercado internacional no habría ingresado formalmente a la asociación, sino que se habría fragmentado y redistribuido en el exterior.
El detalle de las transferencias cuestionadas
El monto bajo sospecha se fragmenta en transferencias dirigidas a cinco entidades específicas. Los investigadores precisaron las cifras involucradas:
Velpasalt Global LLC: US$14,7 millones
Marmasch LLC: US$13,4 millones
Soagu Services LLC: US$10,8 millones
Dicetel: US$4,8 millones
Velp LLC: US$3 millones
Estas cifras componen el núcleo del presunto desvío. Las sociedades mencionadas, todas con radicación fuera del país, habrían recibido fondos cuya trazabilidad y justificación económica están siendo exhaustivamente examinadas.
En el centro de la escena aparece la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni. Esta compañía habría tenido la responsabilidad de administrar y recaudar los ingresos de la AFA en el mercado internacional, cifra que globalmente alcanzaría los US$260 millones.
Contratos estratégicos y el interrogante sobre su liquidación
Los fondos investigados provendrían de contratos estratégicos de la Selección Argentina, entre ellos:
Encuentros amistosos disputados en el exterior.
El convenio con la firma Adidas.
Los derechos derivados de la plataforma de streaming AFA Play.
La fiscalía busca determinar con exactitud qué porcentaje de esos US$260 millones fue efectivamente liquidado a la AFA y por qué una fracción significativa se habría extraviado en el circuito financiero internacional.
"La reconstrucción de este circuito es vital para entender si hubo una administración fraudulenta de los recursos que legítimamente pertenecen al fútbol argentino", señalaron fuentes cercanas a la fiscalía de Incardona.
El rol del sistema financiero y la certificación apócrifa
En una de sus resoluciones más recientes, el magistrado Armella ordenó al Banco Coinag un informe exhaustivo sobre todos los productos bancarios, extractos históricos y plazos fijos asociados a las empresas mencionadas.
Desde la entidad bancaria aseguraron que cumplen estrictamente con las normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las leyes de prevención de lavado de activos. Sin embargo, la investigación ya ha detectado irregularidades de peso.
En el expediente consta que una certificación contable atribuida a un profesional resultó ser falsa. Dicho documento habría sido utilizado para la adquisición de vehículos, extremo que ya fue acreditado en sede judicial. Este hallazgo introduce una dimensión penal adicional y refuerza la sospecha de maniobras deliberadas para encubrir movimientos de fondos.
La "estrategia de pinzas": el caso Banfield
La causa no se detiene en el plano internacional. Como parte de lo que fuentes judiciales describen como una estrategia de pinzas, la Justicia ordenó un peritaje integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield y el fideicomiso vinculado a dicha institución.
El objetivo es establecer si existe una conexión directa entre los fondos presuntamente desviados y el financiamiento de estructuras internas en el ámbito local. La investigación sugiere que el dinero no solo podría haberse mantenido en sociedades extranjeras, sino que parte de él podría haber reingresado al sistema argentino para financiar gastos operativos o personales de dirigentes específicos, eludiendo controles impositivos.
El encuadre penal y las posibles consecuencias
En el derecho penal argentino, la figura central en este caso es la administración fraudulenta, tipificada en el Artículo 173, inciso 7 del Código Penal. Se trata de un delito particularmente complejo cuando se aplica a asociaciones sin fines de lucro como la AFA o los clubes de fútbol.
De confirmarse el uso de documentación apócrifa para la compra de bienes, la carátula podría ampliarse a falsificación de instrumento privado y lavado de activos, lo que elevaría significativamente las penas en expectativa para los involucrados.
La investigación, aún en curso, busca desentrañar si una porción sustancial de los recursos generados por la Selección Argentina —capital que reglamentariamente debía fortalecer a los clubes locales— fue objeto de una administración irregular. El resultado de los peritajes y los exhortos internacionales será determinante para establecer responsabilidades y dimensionar el alcance real de una maniobra que pone en jaque la transparencia del fútbol argentino.
