La situación de las pequeñas y medianas empresas argentinas encendió una nueva señal de alarma. Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió que las aperturas de concursos preventivos crecieron más de un 130% en el último año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alertó sobre un deterioro acelerado del entramado productivo nacional.

Frente a este panorama, el presidente de IPA, Daniel Rosato, reclamó la declaración de una emergencia económica para impedir lo que definió como un "cierre acelerado y masivo de empresas". El dirigente también pidió una intervención urgente del presidente Javier Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del Congreso de la Nación.

La preocupación de la entidad se sustenta en una serie de indicadores que, según IPA, muestran un agravamiento sostenido de la crisis manufacturera. Rosato recordó que desde la organización ya habían advertido sobre el deterioro del sector y afirmó: "Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes".

Sin embargo, sostuvo que la evolución reciente de la economía local y el aumento de las presentaciones judiciales revelan un escenario aún más grave. "El daño al entramado productivo es mucho peor", expresó el titular de IPA, al señalar que los datos difundidos corresponden únicamente a Capital Federal y que todavía resta incorporar la información del resto del país para dimensionar la magnitud real de la crisis.

Rosato también remarcó que, frente al contexto actual, "no hay tiempo de debatir ideologías", sino de "salvar a las empresas y a sus trabajadores", a quienes consideró los principales perjudicados "ante tanta inacción".

El aumento de concursos preventivos y el colapso judicial

El diagnóstico de IPA fue acompañado por un informe elaborado por el Departamento de Legales de la entidad, encabezado por Germán Pizzano, quien describió un cuadro de creciente colapso judicial y productivo.

Según los datos citados por IPA, provenientes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2025 se registraron:

• 190 concursos preventivos, frente a:
  • 82 concursos preventivos en 2023
• Esto representa:
  • Un incremento del 131,71%

La tendencia, además, se profundizó en el inicio de 2026. Durante el primer trimestre judicial —correspondiente a febrero, marzo y abril— se abrieron:

• 92 procesos concursales

La entidad destacó que durante el pico de la pandemia se habían ejecutado:

• 106 concursos preventivos

Ese número quedó por debajo de los 190 registrados el año pasado, lo que, para IPA, demuestra que la crisis actual amenaza con superar incluso los niveles de emergencia económica observados durante el período sanitario excepcional.

El informe también subrayó un dato considerado especialmente alarmante: en el primer trimestre judicial de 2026 se abrieron más concursos preventivos que los registrados en cada año individual entre 2021 y 2024.

Cierre de empresas y pérdida de empleo

El documento presentado por IPA describió además un proceso de deterioro estructural que afecta tanto a la actividad industrial como al empleo.

Pizzano afirmó que la coyuntura empresarial actual se caracteriza por:

• El cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026

A su vez, la organización señaló consecuencias directas sobre el mercado laboral y el tejido social. Entre ellas:

• 327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo

La entidad sostuvo que la contracción productiva generó un fuerte proceso de desinversión, reflejado en una pérdida neta de inversión extranjera directa. IPA calificó este saldo negativo como un hecho "histórico y sin precedentes", al tratarse de la primera vez en 22 años que se produce un fenómeno de estas características.

Empresas que se van y fábricas que se reconvierten

Dentro del diagnóstico presentado por IPA, también aparece un cambio profundo en la estructura productiva nacional. Según Pizzano, varias empresas multinacionales decidieron abandonar el país frente al contexto económico actual.

En paralelo, numerosas firmas locales intentan sobrevivir mediante una transformación de su modelo de negocios. El dirigente describió ese fenómeno al señalar que muchas compañías "se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores".

La entidad también alertó sobre la creciente parálisis del entramado Pyme y el impacto patrimonial derivado del cierre de fábricas y la inactividad productiva. El informe señaló que existe actualmente una:

• Capacidad ociosa del 40,2%

IPA advirtió que esa situación implica una pérdida incalculable de capital por la existencia de bienes de uso inactivos y estructuras fabriles sin funcionamiento.

No obstante, Pizzano sostuvo que el mayor impacto no es únicamente contable. Según expresó, "más trágica resulta la pérdida de la fuente de trabajo, directa e indirecta, y la afectación negativa a los stakeholders, al macro y microentorno de las empresas".

El pedido de una legislación de emergencia

Frente al cuadro de crisis, IPA propuso avanzar con una salida basada en el denominado Derecho de la Emergencia. El objetivo central es evitar la quiebra definitiva de compañías y frenar la ejecución judicial de bienes productivos.

La entidad explicó que actualmente existen en trámite distintos proyectos legislativos inspirados en una nueva versión de la Ley 25.563, contemplando herramientas como:

• Suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias
• Extensión del período de exclusividad
• Facilitación del acceso a soluciones preventivas

IPA aclaró que no se trata de una reforma estructural y definitiva del sistema concursal, sino de un "remedio paliativo y transitorio de emergencia" destinado a permitir que las Pymes recuperen capital de trabajo.

En esa línea, Pizzano afirmó que "el empresario Pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo" y consideró que una legislación de emergencia es la única herramienta capaz de otorgar ese margen de supervivencia financiera.

El propósito, señalaron, es que las fábricas puedan sostenerse hasta alcanzar un escenario donde "el ingreso por ventas totales resulte superior a los costos totales de producción".

La advertencia final de IPA

El documento institucional concluyó con una advertencia sobre la necesidad de modificar el rumbo económico general para que cualquier medida de emergencia tenga efectos concretos.

Según IPA, el blindaje jurídico y financiero solicitado solo tendrá sentido si se generan condiciones macroeconómicas favorables para el desarrollo del mercado interno y la recuperación productiva.

La entidad sostuvo que, de lo contrario, la espera conseguida mediante una legislación de emergencia "sería en vano" si no mejoran variables centrales como:

• Los niveles de empleo
• El salario real
• El consumo masivo
• La recuperación de la actividad productiva

Con este planteo, IPA dejó expuesta una preocupación creciente sobre el futuro inmediato de las Pymes argentinas, en un contexto marcado por cierres de empresas, aumento de concursos preventivos y una profundización de la crisis industrial que, según la entidad, amenaza con superar incluso los peores registros de la pandemia.