Argentina inició el 2025 con duros golpes en el frente judicial internacional, acumulando pérdidas por aproximadamente US$630 millones debido a sentencias adversas en EE.UU. y Reino Unido. Las causas en curso, principalmente relacionadas con el default de 2001 y la manipulación del Cupón PBI, reflejan un escenario complejo que podría afectar las finanzas del país en el corto y mediano plazo.
Confiscación de bonos y ejecución de garantía en Londres
Uno de los golpes más significativos provino de EE.UU., donde la jueza Loretta Preska autorizó la confiscación de US$210 millones en títulos de deuda estadounidenses que Argentina poseía como colateral de los Bonos Brady. Además, congeló otros US$100 millones mientras se resuelve una disputa entre los acreedores Attestor Master y Bainbridge Fund.
En paralelo, en Reino Unido, se ejecutó una garantía de 313 millones de euros depositada por Argentina para apelar un fallo adverso en el caso del Cupón PBI. La Corte Suprema británica rechazó la apelación del país, lo que permitió a los acreedores cobrar parte de los 1300 millones de euros reclamados por la manipulación de las estadísticas del INDEC.
Litigios en curso: el caso YPF y más embargos en el horizonte
El litigio por la expropiación de YPF sigue avanzando y podría derivar en nuevas medidas en 2025. Se espera que los acreedores soliciten el embargo de las acciones de YPF en poder del Estado argentino como forma de pago. Además, buscan demostrar que entidades como el Banco Central son parte del Estado para embargar sus activos.
Otro proceso clave es el fallo pendiente de la Corte de Apelaciones de EE.UU. sobre la condena de US$16.000 millones contra Argentina por la nacionalización de YPF. La decisión final, esperada para finales de 2025 o inicios de 2026, podría ser un nuevo golpe financiero para el país.
El impacto económico y la estrategia argentina
Los litigios internacionales suman aproximadamente US$30.000 millones, con Nueva York y Londres como principales escenarios judiciales. El gobierno de Javier Milei ha mantenido la estrategia de dilatar pagos y recurrir a todas las instancias de apelación disponibles. Sin embargo, el FMI ha instado al país a resolver estos litigios, lo que podría forzar un cambio en la postura oficial.
La Procuración del Tesoro, ahora bajo la dirección de Santiago Castro Videla, es la entidad responsable de gestionar la defensa legal del país. En este contexto, los próximos meses serán clave para determinar si Argentina enfrenta nuevos embargos o logra negociar acuerdos que minimicen el impacto financiero.