El ministro de Economía, Luis Caputo, afrontará en los próximos días una reunión clave con el Fondo Monetario Internacional para avanzar en la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado hace un año por US$20.000 millones.
El programa, oficializado el 11 de abril de 2025, prevé vencimientos hasta 2035 y un período de gracia de cuatro años y medio. El primer desembolso fue del 60% del préstamo (US$12.000 millones) y la primera revisión aprobada a fines de julio habilitó otros US$2000 millones. Ahora, el Gobierno busca cerrar la segunda evaluación, que permitiría liberar cerca de US$1000 millones adicionales.
La revisión analiza el desempeño económico hasta el cierre de 2025 y pone el foco en dos metas centrales: el resultado fiscal y la acumulación de reservas. En materia fiscal, el país superó el objetivo: el superávit primario alcanzó cerca del 1,4% del PBI frente a una meta del 1,3%. Sin embargo, el principal obstáculo está en el nivel de reservas, que no habría llegado a lo pactado, lo que obligaría a solicitar un waiver (perdón) por incumplimiento.
En respuesta al reclamo del organismo, el Banco Central anunció a comienzos de año un plan para reforzar las reservas en unos US$10.000 millones.
Viaje a Washington y plazos del organismo
Caputo viajará a Washington para participar de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, que se celebrarán del 13 al 18 de abril. El funcionario tiene previsto arribar el 14 y participar ese mismo día de un evento organizado por AmCham.
Una vez alcanzado el acuerdo técnico con el staff del organismo, la decisión deberá ser elevada al directorio, que tiene la última palabra. Según estimaciones privadas, el proceso entre la validación técnica y la aprobación final suele demorar entre dos y cuatro semanas.
Contexto global y próximos pagos
Las reuniones estarán atravesadas por el impacto económico global de la guerra en Medio Oriente. El FMI advirtió recientemente que el conflicto podría presionar al alza los precios de la energía e instó a los gobiernos a adoptar medidas para contener sus efectos.
En paralelo, la Argentina enfrenta seis vencimientos con el organismo por cerca de US$4420 millones durante lo que resta del año, lo que vuelve clave la aprobación de la revisión y el desembolso previsto.
